El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha reconocido el derecho de una viuda a recibir la pensión de viudedad por enfermedad profesional tras determinar que su marido falleció por asbestosis derivada del contacto con amianto durante su trabajo en la empresa BSH. La sentencia, que aún puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, revoca una resolución anterior del Juzgado de lo Social nº 3 de Pamplona y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que habían considerado la enfermedad como común.
Con esta decisión, la base reguladora de la pensión de la mujer se eleva de 1.448,65 a 1.775,70 euros, con efectos desde el 27 de marzo de 2023. El fallo reconoce así que la dolencia que provocó la muerte del trabajador estuvo directamente relacionada con su actividad profesional.
El hombre, que falleció en junio de 2009 a los 59 años, había trabajado en BSH Electrodomésticos, empresa dedicada a la fabricación de lavadoras, cocinas, hornillos de gas, estufas y lavavajillas, entre otros productos. Desde 2002, el operario tenía reconocida una incapacidad permanente absoluta derivada en principio de enfermedad común, una calificación que ahora queda corregida.
Según recoge la sentencia, el trabajador ejercía funciones de almacenero, encargándose de descargar sacos de amianto y transportarlos hasta el horno. Además, realizaba tareas complementarias como cambiar las botellas de butano vacías en una estancia contigua al espacio donde se cardaba el amianto, sin separación física entre ambos recintos, lo que facilitaba la exposición directa a las fibras.
El TSJN señala que la asbestosis, una dolencia pulmonar causada por la inhalación de fibras de amianto, puede resultar difícil de diagnosticar por su similitud con otras enfermedades respiratorias. Sin embargo, en este caso, los magistrados subrayan que no hay duda de que el operario fue diagnosticado de la patología en 1996, y que su origen se encuentra en las condiciones laborales en las que trabajó durante años.
La Sala de lo Social concluye que el empleado “estuvo expuesto al amianto tanto al transportar los sacos como al cambiar las botellas de gas”, tareas que realizó durante tres años y que justifican la calificación de enfermedad profesional.
