El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rechazado anular todas las plazas ofertadas en euskera en la plantilla orgánica de la Administración del 2017.
El acusado se encuentra en prisión desde el mes de abril de 2019, cuando fue detenido por la Policía Municipal tras dos noches de fuegos intencionados.
La defensa alegó ausencia de prueba de cargo, al entender que la declaración de la denunciante "carecía de verosimilitud, credibilidad y persistencia".
El juzgado ha desestimado la denuncia contra Fermín Alonso (NA+) que le criticó por participar en un acto en el que se blanqueaba a los terroristas de ETA.
Los tribunales rechazan todos los argumentos del Ayuntamiento de Pamplona, le condenan a pagar las costas y dejan claro que Bildu incumplió los requisitos en el nombramiento.
El juez considera que las acusaciones no han aportado fotografías o informes de vigilancia que acrediten la presencia habitual en el inmueble de los encausados.
La presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, Esther Erice ha afirmado que “hay que actuar con mucha rapidez” ya que “si el tiempo no es breve perdemos la prueba”.
Los magistrados rechazan los recursos presentados por la defensa y la fiscalía, que abogaban por el archivo de la causa abierta por un delito contra la integridad moral.
La presidenta del Gobierno foral, que ha prometido devolver este dinero, quería usar las sentencias que esperaba que fueran favorables como argumento jurídico.
El vicepresidente del Gobierno foral ha reconocido que las resoluciones judiciales pueden general "inseguridad jurídica" a varios funcionarios sin plaza consolidada.
El tribunal considera que ha existido prueba bastante y válida de las agresiones y lesiones físicas y psicológicas causadas a las víctimas para condenar por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.
El TSJN ha emitido una nueva sentencia reiterando la misma posición que emitió el pasado martes y deja a Chivite ante la decisión de seguir a los nacionalistas y recurrirlas o acatarlas.
La formación de Marisa de Simón ha preguntado al Gobierno foral cómo afectará la sentencia a los procesos selectivos para el acceso a puestos de trabajo en la Administración.
La renovación de Francisco Javier Isasi, único letrado que se presentó al cargo, se ha llevado a cabo tras haber recibido la propuesta favorable del Gobierno de Navarra.
El jurado declaró culpables de la muerte de Wilson Alejandro Yanza a su pareja, quien diseñó el plan, y dos sobrinos de esta, que ejecutaron los actos.
En la sentencia, contra la que solo cabe recurso de casación, se estima parcialmente el recurso interpuesto por el sindicato UGT y el Sindicato del Personal Administrativo.
La Audiencia Nacional juzga a Javier García Gaztelu, Txapote, y a otros tres acusados por el asesinato del funcionario de prisiones de la cárcel de Nanclares de la Oca (Álava) Máximo Carrera.
Se ha aplicado el principio de "in dubio pro reo" (en caso de duda, a favor del reo) y no les ha condenado por un delito de hurto que conlleva penas mayores.
El fiscal solicita ahora 13 años de prisión para la esposa y el autor material y 11 años para una sobrina ya que el jurado ha apreciado en su conducta una atenuante psíquica.
Joseba Asirón, el portavoz de la coalición abertzale en la capital navarra, asegura que forzar su dimisión "afectaría a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona".
No es la primera ocasión en la que destacados miembros de la izquierda abertzale negocian para evitar la cárcel a cambio de reconocer que pertenecían a ETA.
Los 47 abogados del denominado 'frente de cárceles' han llegado a un acuerdo para reducir sus condenas a dos años, aunque deberán abandonar los cargos públicos.
En el segundo trimestre de 2019, este juzgado ha ingresado un total de 574 asuntos y ha resuelto 355, lo que representa una tasa de resolución del 61,8%.
El Ministerio Fiscal solicita para los tres acusados, la esposa de la víctima y dos sobrinos de ésta, 13 años de prisión para cada uno por un delito de homicidio.
