Las trabajadoras del Área de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, dirigido por Joseba Asirón (EH Bildu), han firmado un comunicado en el que han reiterado “una situación de deterioro progresivo” de sus condiciones laborales y profesionales.
Las firmantes han explicado que este empeoramiento “no sólo ha afectado a nuestra salud y dignidad profesional”, sino que también “ha repercutido directamente en la calidad de la atención que recibe la ciudadanía”. Por eso, han asegurado que han decidido “volver a visibilizar una situación insostenible, cronificada y perjudicial”.
En el texto han advertido de que lo que ha ocurrido “no ha sido fruto del azar”, sino de “decisiones políticas y de gestión” que “han precarizado cada vez más un sector esencial, feminizado y hostigado”. El comunicado lo han firmado 117 profesionales del área procedentes de diversos servicios: las 13 unidades de barrio, EISOL, EAIA, además de técnicas de apoyo y otros equipos especializados.
En el primer bloque del documento denuncian que los riesgos laborales se han “invisibilizado y normalizado”, y han citado la “sobrecarga emocional”, el “estrés crónico”, el “burnout”, y “amenazas y, en algunos contextos, agresiones verbales o físicas”. Han sido especialmente contundentes al afirmar que “enfermar se ha convertido en el precio a pagar por sostener unos servicios sociales desbordados”.
Señalan también “injerencias de entidades sociales” y una “pérdida de autonomía profesional”, además de “desautorización profesional” y “ausencia de criterios técnicos”. En este punto han denunciado que la falta de “protocolos claros” ha generado “arbitrariedad y desigualdad en la atención” y también “situaciones de tensión realmente elevadas”, con un aumento del “riesgo de agresión”.
Además, han descrito un “incremento continuo de la carga de trabajo”, unido a la falta de personal y a la no cobertura de bajas “en tiempo y forma”. En ese contexto han lanzado una pregunta directa: “¿Es de recibo que una persona, dependiendo del barrio en el que resida, tarde en ser atendida dos meses después de su solicitud de cita?”.
En otro de los apartados han denunciado que la presión en Atención Primaria se ha incrementado por la falta de resolución y por las demoras en la tramitación de prestaciones, y han puesto ejemplos concretos: “5 meses para la valoración de Renta Garantizada”, “más de año y medio en la Valoración de discapacidad” y “8 meses en la Valoración de dependencia”. También han advertido de “coacciones” ligadas a la demora de prestaciones solicitadas si no se han cumplido requisitos de acceso.
Las firmantes han denunciado además una “desigualdad” en la compensación económica de las figuras referentes. Han señalado que en la plantilla orgánica de 2026 se ha acordado que las personas referentes de las 13 unidades de barrio han percibido una compensación equivalente al 5%, pero han afirmado que esa compensación no se ha aplicado a referentes de programas como EAIA, EISOL y SMAM, pese a que desde el Ayuntamiento se les ha indicado que han debido asumir funciones equivalentes.
Los trabajadores han reclamado “respeto efectivo a la autonomía y criterio técnico” y la “eliminación de injerencias externas”. También han exigido “evaluaciones reales de riesgos psicosociales” y medidas preventivas concretas, y han pedido ir “más allá del botón del pánico” o de la formación y supervisión, al considerar que los conflictos se han agravado, sobre todo, por no cubrir bajas a tiempo y por las demoras en citas y prestaciones. En ese punto han recordado que “la última valoración de riesgos psicosociales” se ha realizado “hace dos años” y ha permanecido “inconclusa (sin calendario ni concreción)”.
Además, solicitan la “sustitución inmediata de bajas” y un “refuerzo estructural” de plantillas, han cuestionado la externalización de servicios “sin tener en cuenta las necesidades sociales”, y han pedido coordinación con el Gobierno de Navarra y otros ayuntamientos para fijar criterios mínimos en materias como “padrón social”, “padrón de oficio” o “respuesta al sinhogarismo”. También han reclamado espacios de participación real, la “implantación inmediata” de una Unidad de tramitación para prestaciones económicas (IMV/RG), un reconocimiento económico por la exposición a un trabajo de riesgo y la equiparación del complemento de referentes de Unidades de Barrio a los referentes de equipos especializados.
El comunicado termina con una denuncia directa por la falta de respuesta institucional y el deterioro de las condiciones: han afirmado que “no podemos seguir sosteniendo un sistema que se apoya en la precarización y el desgaste de sus profesionales”, y han rematado con otra de sus frases más duras: “Cuidar a quienes cuidan no es una opción: es una obligación”.
