La reducción de los conciertos educativos en Navarra ha abierto un nuevo frente político y educativo en la Comunidad foral. El Departamento de Educación ha confirmado para el curso 2026-2027 una bajada de 14 aulas concertadas en el segundo ciclo de Infantil y prevé además la pérdida de otras 19 aulas en la red pública, una decisión que atribuye al descenso de la natalidad.
El ajuste afecta a las aulas de 3, 4 y 5 años y se ha aprobado en la Comisión de Conciertos Educativos celebrada en Pamplona. Según los criterios trasladados por Educación, la reducción responde al menor número de escolares y a la intención de evitar una oferta sobredimensionada, con ratios medias fijadas en 17 alumnos en Pamplona y comarca y 15 en el resto de Navarra.
La decisión tendrá impacto en 14 colegios concertados de Navarra, situados en Pamplona y su comarca, así como en localidades de la Ribera y la Zona Media. Entre los centros afectados figuran San Cernin, La Compasión, Nuestra Señora del Huerto y Sagrado Corazón en Pamplona, además de Luis Amigó en Mutilva, Escuelas Pías de Tafalla, Santa Ana de Estella, La Milagrosa de Lodosa y Nuestra Señora de los Dolores de Mendavia. También se verán afectadas varias ikastolas, como San Fermín de Cizur Menor, Labiaga de Bera, Tantirumairu de Lesaca, Ibaialde de Lodosa y Lizarra de Estella.
Educación ha defendido que no se concertarán unidades donde no exista demanda suficiente y ha apuntado que habrá excepciones en algunos supuestos, como los centros con alumnado vulnerable, aquellos que sean la única oferta de un modelo lingüístico en su localidad o los necesarios para atender la matrícula sobrevenida. Aun así, la reducción de aulas en Navarra ha provocado la reacción de UPN, que ha elevado el tono contra la medida.
La formación foralista ha calificado la reducción de los conciertos educativos como “no solo un recorte de medios y recursos, sino un atentado a la libertad” de las familias navarras para elegir la educación de sus hijos e hijas. En respuesta, ha anunciado que presentará una proposición de ley en el Parlamento de Navarra para “blindar la libertad de elección de las familias y el peso y la estabilidad de la enseñanza concertada” en la Comunidad foral.
Dentro de esa iniciativa, UPN quiere incluir una moratoria de un año en la aplicación de la reducción prevista en el artículo 44 del Decreto Foral 416/1992, que regula los conciertos educativos en Navarra. El partido sostiene que la bajada de la natalidad debería haberse aprovechado para reconfigurar el mapa educativo navarro con criterios de calidad, en lugar de limitar grupos y reducir la capacidad de respuesta de los centros.
Los regionalistas han asegurado además que sindicatos de la red pública y de la concertada ya habían advertido de que el descenso demográfico podía servir para adaptar el sistema a una realidad cambiante. Sin embargo, han criticado que el Departamento de Educación no haya escuchado a la comunidad educativa y haya optado por una medida que, a su juicio, perjudica directamente a las familias.
UPN también ha advertido de que el impacto no será temporal. Según ha señalado, la decisión condena a 14 centros a limitar su capacidad de respuesta no solo durante un curso, sino a lo largo de todo el ciclo educativo obligatorio, ya que aunque la demanda se recupere más adelante, esos grupos de edad ya no volverán a contar con nuevas aulas durante su recorrido escolar.
Además, la formación ha mostrado su temor a que la reducción de los conciertos educativos en Navarra no se quede ahí. En este sentido, ha criticado que los socios del Gobierno de María Chivite hayan firmado en su acuerdo la imposibilidad de aumentar grupos actuales en la enseñanza concertada aunque exista demanda, una circunstancia que, según ha denunciado, agravaría todavía más la pérdida de aulas.
Junto a la proposición de ley, UPN ha avanzado que reclamará la apertura de un diálogo dentro de la comunidad educativa y la elaboración de un estudio “serio” basado en parámetros reales. El objetivo, según ha explicado, pasa por buscar soluciones que respeten las decisiones de las familias, contribuyan a la estabilización del empleo y mantengan la calidad de un sistema educativo que consideran referente nacional por su inclusión e innovación.
A la ofensiva política abierta por UPN se ha sumado también el Partido Popular de Navarra. Su presidente, Javier García, ha denunciado este 16 de abril de 2026 que la reducción de los conciertos educativos supone un “grave ataque a la libertad educativa” y ha acusado al Gobierno de María Chivite de recortar derechos de miles de familias navarras.
El dirigente del PPN ha asegurado que la decisión no responde a un simple ajuste técnico derivado de la bajada de la natalidad, sino a una estrategia con un claro componente ideológico. A su juicio, se trata de una reducción deliberada de recursos que golpea de forma directa a la educación concertada y limita la capacidad de los centros para responder a la demanda existente en Navarra.
García ha advertido de que el cierre de aulas en 14 centros educativos tendrá efectos a largo plazo, ya que restringirá su oferta durante todo el ciclo obligatorio. Según ha explicado, eso puede traducirse en unos 13 años con menor capacidad para acoger alumnado, incluso en el caso de que la demanda vuelva a crecer en el futuro.
Además, ha sostenido que la medida tiene un carácter estructural, porque las aulas que ahora se eliminen difícilmente podrán recuperarse más adelante. En este sentido, ha calificado la decisión de “sectaria e injusta” y ha insistido en que no solo suprime unidades, sino que impide su recuperación futura, con consecuencias directas para las familias y para la calidad del sistema educativo navarro.
El presidente del PP navarro ha defendido además que la caída de la natalidad no debería resolverse con la desaparición de aulas, sino con una adaptación de las ratios por clase para optimizar recursos sin reducir la oferta. También ha recordado que el Gobierno foral ha planteado destinar el superávit presupuestario de 2024 a inversiones y otros gastos, por lo que considera que existe margen para reforzar la educación en lugar de recortarla.
Ante esta situación, García ha avanzado que el Partido Popular de Navarra está analizando jurídicamente la posibilidad de presentar una proposición de ley para garantizar la estabilidad de las líneas en la enseñanza concertada. Con esa iniciativa, ha explicado, busca aprovechar los recursos disponibles, reforzar la calidad del sistema y respetar la libertad de elección de las familias navarras.
