La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha reclamado formalmente a través de un escrito remitido a la Dirección General de la Benemérita que sea el propio ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien participe directamente en el próximo Pleno del Consejo de la Guardia Civil.
Esta solicitud surge tras la aprobación de la Ley Orgánica 6/2024, que transfiere las competencias de tráfico en Navarra a la Policía Foral, generando una situación de incertidumbre entre más de 200 agentes que actualmente desempeñan sus funciones en la región, así como entre aquellos interesados en futuras vacantes.
"JUCIL, atendiendo a la preocupación e incertidumbre que este traspaso competencial ha generado entre nuestros compañeros, exige que el ministro aclare el calendario previsto para esta transferencia, así como el impacto que tendrá en las plantillas, destinos y posibles supresiones de puestos de trabajo" manifiesta Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL.
La asociación considera imprescindible que estas explicaciones sean dadas por el propio ministro, sin delegar esta responsabilidad en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. "Pedimos que no delegue su intervención y que asuma directamente la tarea de solventar la complicada situación laboral y familiar de los más de 200 agentes de Tráfico en Navarra", insiste Vilariño.
JUCIL ha mantenido desde hace años una oposición frontal a la pérdida de competencias de la Guardia Civil a favor de las policías autonómicas. Su firmeza y capacidad de intervención ante los tribunales de Justicia lograron, en un primer momento, anular el proceso de transferencia iniciado sin la reforma necesaria de la normativa foral que regula a la Comunidad de Navarra.
"Lo advertimos entonces y seguimos defendiendo ahora: cualquier modificación que implique el traspaso de competencias debe garantizar transparencia, respeto a los derechos laborales de los agentes y un marco normativo adecuado", recuerda el secretario general de JUCIL.
La reciente publicación de la Ley Orgánica 6/2024 ha reactivado la preocupación de los guardias civiles destinados en Navarra, quienes enfrentan incertidumbre respecto a sus condiciones laborales y familiares. Ante esta situación, JUCIL exige respuestas claras, un cronograma detallado del proceso y el compromiso explícito del ministro del Interior para salvar los intereses de los agentes afectados. "Estamos aquí para defender los derechos de nuestros compañeros y asegurar que su futuro profesional no quede a merced de decisiones políticas que no contemplen el impacto real en sus vidas", argumenta Vilariño.
