El exsecretario de Organización del PSOE insiste en que se han superado los plazos legales y que no existen pruebas que avalen su encarcelamiento.
El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha solicitado de nuevo al Tribunal Supremo que investiga el caso Koldo que le deje en libertad. Asegura que su prisión provisional es “inconstitucional”, porque ya se habría superado el plazo legal sin que existan pruebas en su contra.
Según el recurso presentado por su defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, “debería ser ineludible una decisión que acordase la inmediata libertad” de Cerdán. Argumentan que han pasado siete meses desde que comenzaron las pesquisas y que “no hay pruebas” que justifiquen mantenerle encarcelado.
Los abogados sostienen que las actuaciones reflejan un uso “forzado” de los instrumentos procesales con el fin de llegar a una conclusión predeterminada. Por ello, insisten en que prolongar la prisión provisional conlleva el riesgo de superar la duración máxima establecida por ley.
En su escrito recuerdan que los cuerpos policiales han dispuesto del tiempo suficiente para realizar la investigación sin necesidad de mantener a su cliente privado de libertad. A su juicio, el plazo de seis meses fijado por el legislador ya se ha cumplido desde que comenzaron las sospechas en febrero y marzo.
La defensa advierte de los riesgos de basar la medida en pruebas de origen incierto, de avalar una hipótesis policial sin indicios claros y de incriminar actividades políticas propias. Añade que la prisión está superando la proporcionalidad temporal que establece la legislación.
Cerdán ingresó en la cárcel de Soto del Real el pasado 30 de junio. El Supremo acordó su prisión provisional sin fianza por riesgo de destrucción de pruebas, manipulación de testigos o movimientos de fondos vinculados a la presunta trama de comisiones en adjudicaciones públicas.
Semanas después, la Sala de Apelación desestimó el recurso contra esa decisión, ratificando la prisión provisional por posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
Mientras tanto, el Tribunal Constitucional analizará esta semana si admite a trámite el recurso de amparo que el exdirigente socialista ha presentado contra su ingreso en prisión.
