Los populares plantean retirar la ayuda a quienes rechacen empleo, reforzar los controles y cambiar un modelo que consideran fallido por el aumento del gasto y de beneficiarios.
El PPN propondrá endurecer los requisitos de acceso a la Renta Garantizada en Navarra frente al “despilfarro” que, a su juicio, está realizando el Gobierno foral en esta prestación. La formación ha anunciado que registrará en el Parlamento una proposición de ley para reforzar los controles y limitar el acceso a quienes rechacen ofertas de empleo.
El secretario general del PPN, Sergio Sayas, ha explicado que la iniciativa busca “poner fin a un modelo sin control” que, según ha denunciado, está permitiendo “dar dinero público a personas que no están dispuestas a trabajar”. Lo ha afirmado este viernes en una rueda de prensa en Pamplona.
La propuesta plantea que quien reciba la Renta Garantizada y rechace un puesto de trabajo deje de percibirla automáticamente, “desde el minuto uno”. Además, el PPN propone que todos los perceptores estén obligados desde el inicio a seguir un plan individualizado y público de inserción laboral, y no a partir del primer año, como ocurre en la actualidad.
También se pretende endurecer los requisitos de residencia legal en Navarra para acceder a la prestación. Sobre el posible aumento del plazo exigido, Sayas ha señalado que el partido ya tiene una propuesta concreta, aunque ha preferido debatirla antes con agentes sociales y sectores implicados.
El dirigente popular ha puesto el foco en el aumento del gasto en Renta Garantizada, que ha cifrado en 111 millones de euros, frente a los 30 millones que se destinaban en 2012, en pleno peor momento de la crisis económica. “Navarra está gastando casi cuatro veces más con una economía que crece”, ha subrayado.
Según Sayas, este incremento no se traduce en una mejor inserción laboral. Ha señalado que dos de cada tres perceptores tardan al menos un año en encontrar trabajo, y que uno de cada tres supera los dos años, lo que, a su juicio, demuestra “un fracaso rotundo del modelo”.
El PPN también ha aludido a un informe de la Cámara de Comptos, que recoge que el 76% de las inspecciones realizadas por la Policía Foral entre 2019 y 2023 detectaron irregularidades. Entre ellas, dificultades para comprobar la residencia real de los perceptores o si estaban disponibles para aceptar un empleo.
Sayas ha insistido en que la responsabilidad no recae en los beneficiarios, sino en el Gobierno de María Chivite, al que ha acusado de no ejercer un control adecuado. “El despilfarro y la falta de control son responsabilidad del Ejecutivo”, ha afirmado.
Otro de los argumentos es el aumento del número de beneficiarios. En 2012 había 7.918 unidades familiares perceptoras, mientras que actualmente la cifra asciende a 16.758, pese a que Navarra presenta un crecimiento económico del 2,7%, frente al retroceso del 1,8% de hace más de una década.
Además, Sayas ha recordado que Navarra recibe 60 millones de euros del Estado a través del Ingreso Mínimo Vital, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de redefinir el modelo y clarificar a quién y con qué objetivo se conceden las ayudas.
La proposición de ley ya está redactada. El PPN ha anunciado que abrirá un mes de diálogo con agentes sociales y económicos antes de registrarla oficialmente en el Parlamento. Posteriormente, buscará apoyos políticos durante su tramitación.
“Si hay responsabilidad política, debería haber apoyos, porque esto es un clamor social”, ha concluido Sayas, que ha defendido al menos la necesidad de abrir un debate público sobre el uso del dinero de los navarros.
El PSN tiene "claro" que el actual modelo de Renta Garantizada "carece de unas estrategias y debe tener una revisión" y así lo demuestra con el reciente cambio en la dirección general de protección Social del Gobierno de Navarra y con la intención de presentar una iniciativa propia abierta al consenso con otros partidos.
Lo ha dicho en rueda de prensa la secretaria de Organización del PSN, Esther Iso, tras conocer que una hora antes el PP de Navarra ha anunciado una propuesta para endurecer los requisitos de acceso a la Renta Garantizada y aumentar los mecanismos de control sobre los perceptores.
Al respecto, la socialista ha reconocido la necesidad de "revisar" la actual Renta Garantizada con "una modificación que vaya encaminada a la búsqueda activa de empleo e incluso la formación, y a que las personas que la estén percibiendo tengan derechos y obligaciones".
Por ello, ha avanzado que el PSN intentará consensuar con sus socios de gobierno una nueva propuesta y, si no lo consigue presentará una propia, con la que estarán "abiertos a negociar", por lo que no suscribirían la iniciativa del PPN pero estarán "encantados" de que ellos sí lo hagan con la suya.
Iso ha recordado que una de las modificaciones en la reciente remodelación del Gobierno foral fue el relevo en la dirección general de Protección Social para impulsar la reforma de la Ley de Renta Garantizada.
