El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha estimado la demanda de UPN por vulneración del derecho a la participación política de uno de sus parlamentarios, al negarle información relacionada con los fondos europeos Next Generation. La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera nula de pleno derecho la actuación del Ejecutivo foral y condena al Gobierno de Navarra en costas.
No es la primera vez que los tribunales condenan al gobierno de Chivite por obstruir la labor de oposición en el Parlamento ocultando información solicitada.
La formación regionalista había solicitado en febrero datos sobre varios PERTES en los que participa Navarra, como el PERTE Chip, el de descarbonización industrial, microelectrónica y semiconductores, el aeroespacial, economía circular, agroalimentario, energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, así como el PERTE del vehículo eléctrico y conectado. En concreto, pedía conocer los destinatarios de las ayudas, los objetivos, la cuantía, los plazos de ejecución y el estado de los proyectos a 31 de diciembre de 2024.El Ejecutivo de María Chivite se negó a entregar la documentación alegando que estos planes son diseñados y gestionados por el Gobierno de España, no por la Administración foral. Según defendió, no corresponde a Navarra reconocer ni regular los PERTE ni gestionar directamente las ayudas.
Sin embargo, el TSJN ha dado la razón a UPN. La sentencia señala que, aunque la gestión corresponda al Estado, el Gobierno foral dispone de la información y debió facilitarla. El tribunal concluye que la negativa “conculcó el derecho fundamental del parlamentario contenido en el artículo 23.2 de la Constitución”, ya que impidió su labor de control al Ejecutivo y restringió de forma ilegítima sus derechos como representante.
UPN ha mostrado su satisfacción con el fallo judicial. “Una vez más, el Gobierno de Navarra ha quedado en evidencia. Las proclamas de Chivite de presidir un gobierno transparente chocan con la realidad”, han afirmado. Los regionalistas han recordado que el Ejecutivo foral pidió prórrogas y no atendió sus requerimientos ni los de la Mesa del Parlamento, obligándoles a acudir a los tribunales. “Ahora, todos los navarros y las navarras tendrán que hacerse cargo de las costas por la opacidad del Gobierno foral, algo que lamentamos”, han añadido.
