El presidente Juan Luis Beltrán alerta del colapso del Consejo, que sigue sin plantilla propia pese al aumento de expedientes.
El Consejo de Transparencia de Navarra ha registrado en lo que va de 2025 un notable incremento de trabajo. Según explicó este martes su presidente, Juan Luis Beltrán, la institución ha recibido 115 reclamaciones hasta agosto, frente a las 71 de todo 2024, y aún queda un cuatrimestre por delante. Beltrán advirtió de que el ritmo de quejas apunta a que el año podría cerrarse “con el doble o más del doble de reclamaciones que en ejercicios anteriores”.
Durante su comparecencia parlamentaria, Beltrán subrayó que este aumento de expedientes supone “bastante trabajo que difícilmente podemos abordarlo”. Recordó que el Consejo no dispone de plantilla propia, por lo que son los vocales quienes asumen el estudio y la elaboración de las resoluciones. Además, apuntó que es “el único órgano garante de la transparencia en España” sin personal técnico ni administrativo fijo.
En 2024, el Consejo se reunió en 11 ocasiones y aprobó 92 acuerdos. Ese mismo año contaba con un presupuesto de 53.000 euros, de los que gastó el 40 %. La mayoría de las reclamaciones, un 71,8 %, estuvieron motivadas por el silencio administrativo o la falta de respuesta. La mayor parte se dirigieron contra la Administración foral (22 casos) y los ayuntamientos (44).
Beltrán explicó que la mayoría de reclamaciones están ligadas a intereses particulares, como el acceso a expedientes que afectan al patrimonio o a la situación jurídica de los ciudadanos. El resto busca participar o colaborar en la actividad pública. A pesar del volumen creciente, recalcó que el Consejo ha resuelto casi siempre en menos de 90 días, con una media de 52 días en 2024, lo que sitúa a Navarra y Cataluña como los órganos más rápidos de España.
El presidente también alertó de la situación de los portales de transparencia municipales, que calificó como “muy mediocres”. En cambio, destacó que la Administración foral, el Ayuntamiento de Pamplona, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y la Universidad Pública de Navarra cumplen con una nota “medianamente alta”.
Los grupos parlamentarios coincidieron en valorar el papel del Consejo pero mostraron matices. Desde UPN, Cristina López remarcó que “la transparencia no es aún un valor asentado en nuestras instituciones”. El socialista Kevin Lucero reconoció que el aumento de reclamaciones refleja que la transparencia “todavía no ha calado en todas las administraciones, especialmente en las locales más pequeñas”.
La representante de EH Bildu, Irati Jiménez, pidió dar más concreción en algunos aspectos como la perspectiva de género. Desde Geroa Bai, Blanca Regúlez habló de una “tendencia positiva envenenada”, ya que el mayor ejercicio del derecho a la información revela al mismo tiempo que muchas administraciones no cumplen.
Por su parte, Maribel García Malo (PPN) insistió en la “necesidad de dotar al Consejo de medios humanos y técnicos suficientes”, mientras que Miguel Garrido (Contigo-Zurekin) valoró que la ciudadanía navarra recurra más al Consejo porque “demuestra conocimiento de sus derechos”, aunque defendió que el objetivo final debe ser que haya pocas reclamaciones porque la transparencia se interiorice en la Administración.
Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, consideró que el aumento de quejas es “un mal síntoma” y lo vinculó a que “la Administración no funciona como debería”.
