Expertos en protección a la infancia han propuesto reformar el sistema de intervención en los pisos de acogida, promoviendo modelos compartidos y alejados de enfoques basados en la normativa y el castigo.
Lo han señalado este martes los investigadores de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Hodei Sarasa y Sandra Siria, en una sesión de trabajo en el Parlamento de Navarra, en la que han indicado que el funcionamiento actual resulta “ineficaz para garantizar un desarrollo integral”.
“No hay un modelo compartido de intervención. Es necesario que exista un modelo común y que este no esté basado en la normativa ni en el castigo”, ha afirmado Sarasa.
En lugar de penalizar conductas como las fugas con la vuelta a fases iniciales, el experto propone priorizar el acompañamiento y reforzar la formación de los educadores para intervenir de manera más adecuada.
“Lo necesario aquí es apostar por el acompañamiento y la formación de las educadoras y educadores, dejando atrás sistemas que se centran en castigos y recompensas”, ha subrayado.
Otra de las propuestas destacadas es superar la “desterritorialización” que implica alejar a los menores de sus comunidades de origen, ya que, según ha indicado, “aunque en algunos casos no sea posible la convivencia inmediata con las familias, es fundamental mantener los lazos con el entorno protector de los menores”.
“¿Por qué alejamos a estas chicas y chicos de sus barrios? ¿Qué necesidad hay?”, ha cuestionado, al tiempo que ha destacado la importancia de apostar por “hogares de cercanía”.
Entre las medidas concretas, Sarasa ha resaltado la creación de la figura del “tutor comunitario”, un responsable de “mantener los vínculos de los menores con sus comunidades de origen, asegurando un soporte comunitario que facilite la transición a la vida adulta”.
La propuesta busca evitar que, al cumplir los 18 años, los menores se enfrenten a una sensación de soledad o desamparo, ha comentado.
“Ese soporte comunitario es fundamental para que los menores tengan un futuro más estable y no se enfrenten a un vacío al salir del sistema de protección”, ha añadido Sarasa.
Por su parte, Sandra Siria ha advertido que “su despliegue no ha sido homogéneo” y que “persisten deficiencias en las estrategias preventivas y en la aplicación de medidas clave”.
“Es esencial desplegar todas las medidas que recoge esta normativa y evaluar su impacto social”, ha subrayado.
También ha resaltado la necesidad de “unificar sistemas de información que permitan realizar estudios más rigurosos y objetivos sobre la eficacia de las actuaciones”.
Según Siria, entre 2013 y 2019 se observó un aumento en los casos de menores atendidos en sus propias familias, aunque esto no se tradujo en una reducción proporcional de la población infantil en recursos residenciales.
Asimismo, ha lamentado que los datos disponibles estén limitados a ese periodo y no exista un sistema unificado que facilite evaluaciones continuas.
De cara al futuro, Siria ha propuesto “fortalecer el buen trato a la infancia mediante la prevención comunitaria, implementar acciones innovadoras alineadas con las recomendaciones europeas y reforzar la formación de los profesionales”.
“Es fundamental reducir la sobrecarga de los servicios sociales y garantizar sistemas de información que permitan evaluar de manera objetiva y a largo plazo la eficacia de las actuaciones”, ha concluido.
En el turno de los grupos, Jabier Arza (EH Bildu) ha destacado la “importancia de la prevención comunitaria como manera de construir espacios de protección”.
La socialista Olga Chueca ha reflexionado que “muchas veces se trabaja mucho y se para poco a pensar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo”.
Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha señalado como problemas “que convivan diferentes perfiles de chicos y chicas en el mismo piso” y la “excesiva rotación de profesionales”.
Desde Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha abogado por detectar los “factores de riesgo para intervenir antes de que sucedan las situaciones”.
Cristina Garbayo (UPN) ha afirmado que “las instituciones, y en especial el Gobierno, deben tener muy en cuenta este tipo de análisis. No sé a qué estamos esperando”.
Maribel García Malo, del PP, ha incidido en que “tiene que haber un nuevo diagnóstico y todo lo que estamos viendo debe trasladarse de manera objetiva a un documento”.
Maite Nosti (Vox) ha cuestionado sobre la cantidad de menores atendidos por este recurso.