Agentes de la Policía Nacional han detenido a 43 personas, varias de ellas en la Ribera de Navarra, como presuntos responsables de varios delitos contra los derechos de los trabajadores, de explotación laboral, falsedad documental y tráfico de inmigrantes.
El cuerpo policial llevó a cabo, tras nueve meses de pesquisas, una primera fase de la operación denominada 'Oslo', desarticulando una organización criminal que se dedicaba tráfico de inmigrantes mediante delitos como falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores. Se trataba, dice la Policía Nacional de una red "perfectamente estructurada sólida y de carácter estable, aunque compleja por sus distintas conexiones", que estaría conformada por al menos unas sesenta personas.
Su actividad principal delictiva consistía en la trata de seres humanos con fines de explotación laboral de ciudadanos extranjeros, en su mayoría senegaleses, captados tanto en su país de origen como en España. Se les ofrecían puestos de trabajo en labores agrícolas pero se les imponían condiciones de trabajo "en régimen de semiesclavitud prevaliéndose de su situación de necesidad y de su situación administrativa de irregularidad en España".
La investigación se inició a principios de año a raíz de varias inspecciones conjuntas en zonas agrícolas, en las que se identificó a varios ciudadanos extranjeros captados por la red que estaban siendo explotados laboralmente y se procedió a la detención de seis personas como presuntos responsables de un delito de falsedad documental.
Esta primera fase se saldó con 27 detenciones, entre los cuales se hallaban varios miembros del escalón superior e intermedio de la organización, denominados 'lugartenientes' u hombres de confianza del principal investigado. Éste era el intermediario y principal proveedor de mano de obra irregular, a requerimiento de un empresario agrícola de Navarra, que fue identificado como el líder de la organización criminal.
En el transcurso de la investigación, los policías pudieron determinar que los miembros de esta organización captaban a ciudadanos extranjeros, principalmente de Senegal, y una vez llegaban al destino establecido eran acogidos en viviendas ubicadas en diferentes poblaciones de Navarra y Zaragoza.
En estas viviendas, la mayoría propiedad del líder de la organización, alojaban a los migrantes "hacinados y sin las mínimas condiciones higiénicas ni de habitabilidad". Además, "les imponían unas condiciones laborales abusivas y en régimen de semiesclavitud, les obligaban a trabajar durante los siete días de la semana, con jornadas laborales de hasta nueve y diez horas". El salario que percibían por estos trabajos era de siete euros la hora, sin contrato de trabajo y sin la debida alta en la Seguridad Social, "hasta el punto de que si descansaban media hora para comer, les era descontada de su sueldo".
Una de las prácticas que el cabecilla de la trama imponía a los trabajadores era que, para poder trabajar, debían aportar la tarjeta de identificación de extranjero en vigor y que autorizase a trabajar en España de un tercero con el fin de poder identificarse como tal ante una posible inspección en el campo.
Fruto de las pesquisas, los agentes pudieron detectar la participación de hasta quince empresarios agrícolas los cuales se valían de la mano de obra irregular para realizar labores en sus respectivas explotaciones agrícolas. Con estos empleados, los empresarios se beneficiaban económicamente al trabajar sin contrato y sin alta en la Seguridad Social, conformando "una estructura sólida de demanda estable de mano de obra fraudulenta y, por ende, su pertenencia a la organización criminal".
Se llevaron a cabo cinco registros domiciliarios en Ribaforada (Navarra) y Alfaro (La Rioja), interviniéndose abundante documentación para contrataciones laborales fraudulentas, tarjetas de identificación de extranjeros para suplantaciones, vehículos de traslado de trabajadores y 6000 € en efectivo. Igualmente y, de manera simultánea, se llevaron a cabo inspecciones policiales en los campos de la ribera del Ebro de Navarra y Zaragoza, junto con las respectivas inspecciones provinciales de trabajo.
Dos de los detenidos, principales responsables de la organización, de 37 y 53 años, pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, decretando su titular el ingreso en prisión provisional para los dos.
En una segunda fase, los agentes procedieron a la detención de otras diez personas, entre los que se encontraban varios empresarios agrícolas de la zona de Navarra, así como varios 'lugartenientes' del principal investigado que se encuentra en prisión.
Hasta este momento se han localizado y tomado declaración a un total de cinco víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral de la organización criminal, conforme al Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos (2011), que establece las bases de coordinación y actuación de las distintas instituciones implicadas y la propia Ley 4/2015, de 27 de abril del Estatuto de la víctima del delito, a los cuales en virtud de la ley orgánica 1/2010, ofreciéndoles los recursos integrales disponibles en aras a salvaguardar su integridad y protección.
La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
