El índice de proporcionalidad se ha convertido en el nuevo frente judicial que el Gobierno de Navarra ha vuelto a perder y que, si se extiende al conjunto del empleo público, podría acabar teniendo un impacto de docenas de millones en atrasos e intereses.
El sindicato AFAPNA ha anunciado que ha vuelto a ganar en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Navarra, con una sentencia que reconoce a un trabajador de la Policía Foral que no se ha estado cumpliendo lo previsto en el artículo 41 del Decreto Foral Legislativo 251/1993, del Texto Refundido del Estatuto del Personal.
Según el sindicato, el fallo ha estimado el recurso presentado por AFAPNA e insta al Gobierno de Navarra a abonar el salario conforme al nivel C y a pagar los atrasos devengados en los últimos cuatro años, además de los intereses legales.
AFAPNA ha sostenido que la Administración no ha respetado el índice de proporcionalidad durante 15 años, lo que habría supuesto una merma de las retribuciones. “AFAPNA lo tenía claro”, ha señalado el sindicato en su comunicado, al defender que la situación no se ajustaba a lo que marca la normativa.
El sindicato ha recordado que el recorte salarial al personal de las administraciones públicas se produjo en 2010, tal y como recogía la Ley Foral 12/2010, de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Desde entonces, según AFAPNA, no se ha recuperado esa pérdida porque se han mantenido unos índices de proporcionalidad alejados de los contemplados en el TREP.
Estos son los índices que AFAPNA ha incluido en su nota:
Nivel — Índice de proporcionalidad
A — 2
B — 1,65
C — 1,35
D — 1,15
E — 1
La resolución, siempre según la información trasladada por el sindicato, refuerza una línea judicial que ya se había dado en otros procedimientos y que ahora vuelve a reiterarse en Pamplona, al reconocer el derecho a cobrar conforme al nivel y al índice de proporcionalidad del artículo 41 del Decreto Foral Legislativo 251/1993.
La clave, insiste AFAPNA, está en el alcance que pueda tener este criterio si se generaliza: en Navarra hay 35.000 funcionarios de la Administración Foral. Si se multiplican los atrasos de cuatro años y los intereses legales, el sindicato da a entender que la “derrota en los tribunales” podría traducirse en un coste millonario para el Gobierno de Navarra.
Por el momento, AFAPNA ha subrayado que la sentencia todavía puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Aun así, el sindicato ha calificado el fallo como un paso más hacia la reversión del poder adquisitivo del personal del empleo público y ha afirmado que seguirá litigando para que se cumpla la legalidad en los índices de proporcionalidad.
