El tribunal considera que la empresa del grupo La Línea Verde no acreditó las causas de los despidos y LAB reclama una reparación ejemplar.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha declarado “no ajustado a derecho” el despido colectivo realizado por la empresa Ribera Gourmet, perteneciente al grupo La Línea Verde, con sede en la comarca de Tudela.
El fallo judicial estima la demanda interpuesta por el sindicato LAB, que ha pedido a la dirección de la empresa acatar la sentencia y ofrecer a las personas afectadas la posibilidad de elegir entre readmisión o indemnización.
Según ha explicado LAB, el tribunal considera que Ribera Gourmet no acreditó la realidad de las causas que motivaron los 10 despidos, efectuados el pasado 30 de abril tras un expediente de regulación de empleo (ERE) iniciado en marzo.
La compañía justificó su decisión en la falta de rentabilidad de una finca arrendada en Corella, que calificó como “mala tierra”, argumento que el TSJN ha rechazado por no constituir una causa legal suficiente para la extinción de los contratos.
El sindicato ha exigido además “el reconocimiento del daño causado” y su reparación más allá de lo que establece la legislación española, en línea con las directrices europeas sobre protección de los trabajadores. LAB reclama también que la empresa asuma las responsabilidades derivadas de su actuación y cumpla las obligaciones marcadas por la normativa vigente.
Durante el periodo de consultas del ERE, desarrollado entre el 12 de marzo y el 15 de abril, el comité de empresa —formado por representantes de CCOO, ELA y LAB— denunció la falta de información y la ausencia de alternativas para mantener la producción y el empleo.
Además, el sindicato ha recordado que la sentencia recoge contradicciones relevantes, como el uso simultáneo de personal de ETT, la realización de horas extraordinarias o las dudas sobre la relación entre Ribera Gourmet y el resto de empresas del grupo, así como sobre el precio y la procedencia de la materia prima que debía sustituir la producción de la finca abandonada.
Ante la negativa de la dirección a reducir el impacto del ERE, la plantilla acordó paros y una jornada de huelga en las últimas reuniones del proceso, con el objetivo de conseguir menos amortizaciones, recolocaciones, indemnizaciones más altas y salidas voluntarias. Sin embargo, no se alcanzó acuerdo y finalmente se ejecutaron 10 despidos, equivalentes al 20% de la plantilla.
LAB fue el único sindicato que presentó demanda y se personó en el juicio celebrado el 16 de julio, solicitando la nulidad del proceso. Aunque el tribunal no apreció mala fe ni vulneración de derechos fundamentales, sí determinó que la empresa “no ha cumplido con la obligación de acreditar la realidad de las causas que sirven de soporte a su decisión”. Por ello, el despido colectivo ha sido declarado “no ajustado a derecho”.
