La polémica se ha desatado este jueves a raíz de una información nacional en la que se decía que el Gobierno de Barkos no quería entregar las cuentas al Tribunal de Cuentas.
Los ingresos experimentaron en 2014 un "ligero aumento" en relación a 2013 y los gastos registraron una "ligera disminución", lo que supone una situación financiera "saneada".
La presidenta del Parlamento foral también ha animado al órgano fiscalizador a abordar retos como "la participación ciudadana en el control de las cuentas públicas".
Tras su elección con el respaldo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E, releva en el cargo a Helio Robleda y afronta un mandato de seis años.
El informe analiza el cumplimiento de la legalidad, la situación financiera y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en anteriores fiscalizaciones.
En el informe presentado se destaca la conveniencia de reformar la contabilidad local y adaptar las medidas legislativas sobre la consolidación de los estados contables.