PAMPLONA
Cientos de activistas y okupas protestan en Pamplona contra el desalojo del convento ocupado de Aranzadi
El alcalde Asiron admitió el colapso y pidió la regularización de los inmigrantes desalojados
La protesta por Aranzadi ha vuelto a situar este sábado en el centro del debate político y social de Pamplona el desalojo del antiguo convento de las Agustinas, ocupado durante años, y la respuesta del alcalde Joseba Asiron, que ha admitido la falta de soluciones estables y ha reclamado al Gobierno central una regularización masiva de inmigrantes.
La movilización, convocada al mediodía por el colectivo Negu Gorriak-Derecho a Techo, ha reunido en la capital navarra a un centenar de personas contra el operativo ejecutado el pasado 13 de abril en el edificio municipal de Aranzadi, donde vivían inmigrantes sin hogar. El Ayuntamiento cifró en 96 las personas residentes, mientras que el colectivo elevó esa cifra a 140 a lo largo del tiempo.
Los manifestantes han partido de la librería Katakrak, espacio que ha acogido temporalmente a parte de los desalojados, y se han concentrado después en la plaza Recoletas. Durante la protesta han exhibido pancartas con mensajes como “Vuestras fronteras, nuestras trincheras”, “Makrodesalojorik ez”, “Papeles para todos” o “Ni en Badalona ni en Pamplona”.
Además, han coreado consignas como “Un desalojo, otra ocupación” y “Asiron danos solución”. El colectivo ha reclamado al Ayuntamiento de Pamplona la cesión de “espacios municipales” para gestionar de forma “autoorganizada y autogestionada” la acogida de estas personas.
Entre las portavoces de la protesta, Samira Calvo y Alba Schiaffino han calificado la intervención policial como un “macrodesalojo orquestado” con “violencia” y han denunciado la ausencia de una “alternativa real”. También han asegurado que en Katakrak han acogido a 20 personas tras el desalojo.
Según su versión, el Consistorio solo ofreció tres noches de hotel y billetes para salir de la ciudad, una propuesta que han descrito como una “expulsión explícita”. También han acusado al Ayuntamiento de obstaculizar el proceso extraordinario de regularización de migrantes al negar empadronamientos y dispersar a las personas afectadas.
El desalojo del convento de Aranzadi se produjo de madrugada, con temperaturas cercanas a los 6 grados y lluvia, para permitir el inicio de las obras de rehabilitación del inmueble. El edificio municipal está previsto para convertirse en un centro de neurorrehabilitación.
El operativo abrió una nueva polémica en Pamplona sobre el uso del patrimonio público, la atención a personas sin hogar y la gestión de la inmigración. En este caso, el edificio llevaba años ocupado y el Ayuntamiento defendió la actuación por razones de seguridad, salubridad y por la necesidad de poner en marcha el futuro proyecto sanitario.
Tras ese episodio, Joseba Asiron ha reconocido que las respuestas municipales son solo transitorias. En ese contexto, el alcalde de EH Bildu ha señalado que la solución definitiva pasa por una regularización masiva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, con el argumento de que permitiría a estas personas acceder al mercado laboral y aportar a la sociedad.
Esa posición ha alimentado todavía más el choque político en torno a Aranzadi y al modelo de acogida. Mientras desde los colectivos se exige más cesión de recursos públicos y espacios municipales, desde sectores críticos se interpreta que el propio alcalde ha admitido el colapso de los servicios sociales y la incapacidad del Ayuntamiento para dar una respuesta estable.
La controversia también alcanza al coste de las medidas de emergencia y a la capacidad real de las administraciones locales para asumir situaciones de este tipo. Entre las alternativas planteadas por el Consistorio figuran ocho plazas más en el albergue, recursos hoteleros temporales y billetes de autobús, una fórmula que ha sido cuestionada por quienes consideran que solo desplaza el problema sin resolverlo.
El debate político se ha endurecido en las últimas horas por el mensaje lanzado desde la protesta. El colectivo convocante ha llegado a advertir que, si no se les ceden locales públicos, “los tomaremos”, una frase que ha elevado la tensión alrededor del conflicto abierto en Pamplona tras el desalojo del convento ocupado de Aranzadi.