El Tribunal Supremo ha ordenado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del exdirigente socialista Santos Cerdán León, por su supuesta implicación en una trama de corrupción vinculada a la adjudicación irregular de obras públicas a cambio de comisiones ilegales. El instructor de la causa, el magistrado Leopoldo Puente Segura, sostiene que el político navarro jugó un papel clave y jerárquico en el entramado delictivo: el de recaudador de mordidas y repartidor del botín entre otros miembros de la red.
“Resulta evidente que... persisten notabilísimos indicios de que el mismo pudiera haber participado en la comisión de unos hechos que podrían calificarse como constitutivos de delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho”, señala el auto del juez.
Santos Cerdán ha sido el auténtico jefe del PSOE en Navarra y el muñidor de todos los pactos con EH Bildu para conseguir mantenerse en el poder.
Junto a Cerdán, están siendo investigados también José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y Koldo García Izaguirre, asesor directo de Ábalos en el Ministerio. El auto indica que entre los tres y otras personas “podrían haber conformado una organización criminal orientada a obtener indebidamente premios económicos por la ilícita adjudicación de obra pública”.
Una de las piezas fundamentales del caso es la mercantil SERVINABAR 2000 S.L.U., con sede en Navarra. Según el auto judicial, Cerdán poseía el 45% de las participaciones sociales de esta empresa, mediante un contrato privado firmado en 2015 con su administrador, Joseba Antxon Alonso Egurrola, aunque nunca llegó a elevarse a escritura pública.
En su declaración ante el juez, Cerdán admitió haber firmado el documento, alegando que en ese momento valoraba abandonar la política tras malos resultados electorales en Navarra. Sin embargo, el magistrado destaca que “contrasta vivamente esa tesis con el hecho cierto de que Joseba Antxon conservara todavía el mencionado documento”, y con el hecho de que Cerdán mantuvo años después vínculos activos con la gestión de Servinabar.
En julio de 2018, según el informe policial aportado a la causa, Cerdán solicitó a Koldo García cómo justificar un pago de 4.500 euros desde Servinabar, y este le respondió que debía figurar como una donación. La cantidad fue transferida a la Fundación FIADELSO, vinculada al entorno familiar de Ábalos. “Dichas gestiones evidenciarían que don Santos Cerdán disponía de una cierta capacidad de administración o muy fluida comunicación con Servinabar”, subraya el juez.
Estos pagos no fueron aislados. Koldo incluso llegó a disculparse ante Tatiana Ábalos, hija del exministro, por el retraso en los ingresos, asegurando que “no se volvería a repetir”.
Otro eje de la causa es la adjudicación de importantes contratos públicos a la empresa Acciona Construcción, siempre en UTE con otras firmas menores. Todas las adjudicaciones investigadas —en Logroño, Sevilla, San Feliú de Llobregat, El Mayor y Murcia— presentan una constante: ninguna ofrecía la mejor propuesta económica.
En todos los casos, las licitaciones fueron otorgadas a Acciona por “criterios de valoración subjetiva”, pese a que otras empresas ofrecían mejores condiciones. La investigación apunta a que Santos Cerdán habría influido directamente en ese proceso, especialmente en los nombramientos clave en el Ministerio de Transportes. En uno de los mensajes de junio de 2018, enviado a Koldo García, Cerdán recomienda: “Que no se le ocurra poner en ADIF a Teófilo Serrano. Es de Navarra, mal tío y tengo muy mala información de él”. Ese mismo día, sugiere como “importante” el nombramiento de Javier Herrero Lizano como Director General de Carreteras, puesto que acabaría ocupando. Herrero también ha sido citado en la causa por su presunta participación en las adjudicaciones amañadas.
Aunque el auto no menciona obras concretas en Navarra, Acciona también ha recibido adjudicaciones en la Comunidad Foral, entre ellas el desdoblamiento de los túneles de Belate, por lo que no se descarta que los hechos puedan afectar directamente a contratos firmados con el Gobierno navarro.
El juez destaca el extraordinario valor probatorio de las grabaciones incautadas en el domicilio de Koldo García, en las que se escucha conversar a los tres principales investigados: Ábalos, García y Cerdán. Según el auto, “no es a menudo que se dispone de conversaciones protagonizadas... por los propios partícipes en los hechos aparentemente delictivos”.
En una de ellas, Cerdán afirma: “De esos temas no se habla, se escriben en un papel y se rompe”, en referencia al cobro de comisiones. En otra, se compromete personalmente a reclamar el pago pendiente de 450.000 euros por parte de las constructoras.
El juez descarta tajantemente que estas grabaciones hayan sido manipuladas. “No se advierte razón alguna... para cuestionar que las mencionadas grabaciones se corresponden con conversaciones efectivamente producidas, cuyo contenido resulta en extremo elocuente”.
Según el informe policial incorporado al procedimiento, el volumen de adjudicaciones analizadas asciende a 537.271.005 euros. Por estas obras, los investigados Ábalos y García habrían percibido comisiones por valor de 550.000 euros, y otros 450.000 estarían pendientes de cobro, lo que elevaría el montante total a un millón de euros.
Sin embargo, el juez considera esa cantidad sorprendentemente baja. “Si el importe del premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera constituido, por hipótesis, un 1% del valor total... equivaldría a más de cinco millones de euros”, indica. Y añade: “Esto refuerza la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de los Sres. Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las adjudicaciones”.
El juez justifica la prisión preventiva por un “riesgo cierto de que, si se mantuviera en libertad, pudiera ocultar, alterar o destruir pruebas relevantes para el enjuiciamiento”. Recuerda que Cerdán no ha sido objeto de registro domiciliario ni investigación patrimonial, algo que sí se ha hecho con Ábalos y García. “La instrucción respecto de este investigado se encuentra en un momento muy inicial”, señala.
Pero la clave está en su rol funcional. “Santos Cerdán era en la organización la persona encargada de percibir los premios económicos, comisiones o mordidas a cambio de las indebidas adjudicaciones”, y tenía el control de los cobros. Su perfil, añade el magistrado, “podría permitir identificar el importe global de las cantidades indebidamente satisfechas y recuperar, al menos parcialmente, lo que aún fuera posible”.
