El consejero del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha tratado de responsabilizar a la oposición, después de 10 años de gobiernos de Geroa Bai en Navarra, del cierre de la planta de BSH en Esquíroz y les ha exigido que presenten propuestas en el Parlamento ante la pérdida de 600 empleos. "A ver cuándo son capaces de olvidarse de una vez de que hay cámaras en esta sala y vienen aquí a contribuir", ha lanzado en comisión parlamentaria. Hay que recordar que Geroa Bai (PNV) llegó al Gobierno de Navarra en 2015 y la situación del empleo, la sanidad o la vivienda sólo ha empeorado en la Comunidad foral en una década de gobiernos nacionalistas con el PSN.
En su comparecencia junto a la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, en presencia del comité de empresa de BSH, Irujo ha asegurado que el Ejecutivo foral sigue trabajando para mantener la actividad y el empleo en la planta. "Todas las vías de trabajo dentro de nuestras posibilidades están activas", ha declarado en una cita que ha contado con la presencia del comité de empresa en la sala.
El consejero ha subrayado que se trata de un proceso "largo y cargado de incertidumbre", y ha indicado que no puede adelantar cuáles son las intenciones de BSH, ya que "será la empresa la que tenga que responder". Ha defendido que el contacto con la dirección de la compañía "ha sido y es regular y muy fluido", al igual que con el comité de empresa. Asimismo, ha repasado las reuniones y gestiones llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra desde el anuncio del cierre.
Para contextualizar la situación, ha ofrecido datos sobre la economía navarra en 2024, destacando que el PIB cerró el año con un crecimiento del 2,7%, una cifra "muy superior a todas las expectativas" y el triple del crecimiento de la Eurozona. En cuanto al empleo en el sector industrial, ha señalado que ha pasado de 65.000 a 88.700 trabajadores en una década.
Por su parte, la consejera Carmen Maeztu ha asegurado que el Ejecutivo foral "ha actuado desde el minuto uno para evitar la pérdida de puestos de trabajo" en BSH, así como en el caso de Nano Automotive, donde se trabaja en la recolocación de la plantilla. Ha recordado que ya se ha celebrado la primera reunión de la mesa de trabajo entre los gobiernos de Navarra y España y BSH, en la que la empresa mostró su disposición a colaborar en un plan de reindustrialización de la planta. "Este es un momento de oportunidad dentro de un proceso que debe transcurrir con discreción y cuyo objetivo es encontrar alternativas al cierre que permitan mantener los puestos de trabajo", ha afirmado.
Desde la oposición, la parlamentaria de UPN, Ana Elizalde, ha criticado que los consejeros "no han sido ni prudentes ni respetuosos ni responsables" y ha señalado que "no han dicho nada que no haya venido en la prensa". Ha recordado que "detrás de cada empresa hay personas, hay trabajadores y hay familias".
La representante del PP, Maribel García Malo, ha mostrado su "apoyo y solidaridad" a la plantilla y ha advertido que "esta situación de incertidumbre está generando momentos angustiosos para los trabajadores y sus familias". Ha exigido al Ejecutivo foral claridad: "Si hay posibilidad de revertir el cierre, hay que decirlo con claridad, y si no, también".
El parlamentario socialista Javier Lecumberri ha acusado a la oposición de "utilizar desgraciadas situaciones como esta para hacer política" y ha defendido la gestión del Gobierno de Navarra, asegurando que "dentro de sus posibilidades, está haciendo todo lo que puede".
Desde EH Bildu, Laura Aznal ha denunciado que se trata de "una deslocalización por fascículos" a países como Turquía y Polonia, y ha señalado que "las multinacionales muestran aquí su cara más cruel". "Este es el riesgo que se corre cuando las decisiones no se toman aquí", ha lamentado.
El parlamentario de Geroa Bai, Mikel Asiain, ha defendido el trabajo del Ejecutivo foral y ha criticado que el anuncio de cierre de BSH se haya realizado "sin previo aviso, con nocturnidad y alevosía". Ha acusado a la oposición de "basar su discurso en mensajes catastrofistas".
El representante de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, ha cuestionado cómo es posible que "una planta que tenía beneficios despida por carta a más de mil personas (entre plantilla de BSH y empleos indirectos) y no haya nada que el Gobierno autonómico o estatal pueda hacer legalmente".
Desde Vox, Emilio Jiménez ha calificado la intervención de los consejeros como "un brindis al sol y cierta autocomplacencia", cuando "los trabajadores lo que quieren son certezas". Ha pedido al Ejecutivo que "no engañe a los trabajadores, como han hecho en Sunsundegi", y ha defendido la necesidad de "un Plan Nacional Industrial y una Europa competitiva".
