Un total de 13 agricultores han acordado distintas penas tras los incidentes ocurridos en la autovía del Camino A12 el pasado 8 de febrero de 2024, durante las protestas convocadas por el sector agrario. El acuerdo se ha alcanzado en una vista de conformidad celebrada en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Pamplona, con la participación del Ministerio Fiscal, estableciéndose penas mínimas.
La investigación judicial comenzó a raíz de un atestado presentado por la Guardia Civil sobre estos hechos, lo que llevó al juzgado a incoar diligencias previas el pasado 24 de septiembre de 2024.
Durante el proceso, los agricultores no llegaron a ser detenidos en ningún momento. Esta mañana, en la vista celebrada, todos ellos han manifestado su conformidad tanto con los hechos imputados como con la calificación jurídica propuesta por la Fiscalía. Las negociaciones entre los representantes legales y el Ministerio Fiscal se iniciaron en febrero, cerrándose un acuerdo definitivo durante el pasado mes de marzo.
El pacto alcanzado diferencia claramente dos grupos entre los implicados: aquellos agricultores que participaron en las protestas sin ocasionar daños materiales, y aquellos que sí causaron daños, concretamente en un vehículo de la Guardia Civil, desperfectos que ya han sido totalmente reparados.
En consecuencia, las penas impuestas han sido las siguientes: para los acusados únicamente por desórdenes públicos y desobediencia grave a agentes de la autoridad, una condena de 7 meses de prisión. Para los acusados que también provocaron daños al vehículo policial, la pena se eleva a 15 meses de prisión, además de una multa de 1.920 euros.
El acuerdo también contempla la suspensión de las penas privativas de libertad, de modo que ninguno de los agricultores tendrá que ingresar en prisión. Además, se han aplicado una atenuante por la reparación efectiva del daño y una reducción de un tercio en las penas debido a la tramitación del proceso como diligencias urgentes.
Desde la dirección letrada, formada por los abogados Guillermo Chaverri Repáraz, Carmen Jara Mañeru y Jorge González Sáinz, han manifestado su satisfacción con el acuerdo alcanzado, destacando especialmente la aplicación de las penas mínimas previstas en la normativa vigente.
