Una juzgado ha admitido a trámite una denuncia contra Raúl Maiza por permitir que se colocara la enseña vasca y otras sobre presos de ETA a pesar de sentencias anteriores.
El jugador había acusado a la entidad deportiva de falsificar su firma para mantener un contrato, algo que la Audiencia de Navarra ya había descartado inicialmente.
Los políticos critican la confirmación de las penas a los agresores de los guardias civiles y cuestionan a la Comisión Europea si intervendrá ante la Audiencia Nacional.
La empresa, un salón de juego ubicado en la calle Juan Antonio Fernández de la capital ribera, recurrió la última sanción en vía contencioso-administrativa.
La querella, dicen las peñas en un comunicado, busca depurar responsabilidades entre las fuerzas policiales y políticas de la época, juzgarlos y condenarlos.
En el auto, que es recurrible, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN desestima el recurso presentado por tres parlamentarios de Podemos-Ahal Dugu.
Se trata de una unidad integrada por un equipo multidisciplinar cuyo cometido se circunscribe a la valoración de las situaciones de violencia de género.
Colectivos en favor de los presos etarras habían organizado una concentración para el próximo 6 de marzo que reconocía al miembro del comando Nafarroa, Xabier Rey Urmeneta (‘Antxo’).
Martínez Becerra ha recurrido la condena en el Supremo alegando también que la declaración de la víctima "no pasa los filtros exigidos" por el nuevo critero jurisprudencial.
Javier Sagardoy Lana será trasladado a la cárcel de Pamplona, cumple una condena de seis años por asociación ilícita y cumplió las tres cuartas partes en octubre de 2017.
El objetivo es realizar acciones tendentes a que las personas con discapacidad intelectual o con dificultades de comprensión puedan conocer el contenido de las que les afecten.
Todo apunta a un posible veredicto condenatorio por homicidio contra el acusado, aunque no será hasta este jueves cuando se conozca la postura definitiva.
Se impone así la tesis de la Fiscalía, que pedía 8 años de prisión para el acusado por terminar con la vida de Daniel de la Fuente, pamplonés de 22 años.
El hombre aseguró que su mujer se había caído en el baño, pero ante la sospecha de un crimen machista el juzgado le envió a la cárcel por riesgo de fuga.
Un grupo de funcionarios reclamó ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra la jubilación anticipada ante la falta de respuesta del Gobierno foral.
El Tribunal Superior apremia al Ayuntamiento a ejecutar la sentencia contra la contratación de cuatro técnicos, entre ellos el exalcalde de Barañáin por NaBai y candidato de Bildu.
En el auto, contra el que no cabe recurso, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona señala que la vista oral comenzará con la declaración como testigos de seis policías forales.
La madre de Dayan Murillo, que fue asesinado en 2012, ha iniciado una campaña de firmas ante los permisos penitenciarios del autor de la muerte y también vecino de la localidad.
La procesada negó que estuviera utilizando el móvil cuando se produjo el atropello, si bien alegó que no recordaba si en ese momento estaba bebiendo un refresco.
Dos magistrados frente a uno, que ha emitido un voto particular, consideran que no hay razones suficientes para modificar la libertad provisional de los condenados.
Se señala asimismo que en el caso de que el consistorio suscribiera mejores condiciones expropiatorias con otros afectados se aplicarían igualmente al propietario firmante.
David Pla será juzgado junto a Iratxe Sorzábal por su vinculación con ETA. Ambos aparecieron en el vídeo en el que la banda anunció el abandono definitivo de la violencia.
El TAN ha señalado que "también se ha producido la vulneración del principio de neutralidad y objetividad que debe regir la actividad de las Administraciones Públicas".
La Fiscalía opta por insistir en su acusación por terrorismo, por lo que considera suficiente el escrito que ya presentó a la Sala recurriendo la sentencia.
La querella va dirigida contra el ex ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, y gobernador civil, Ignacio Llano, así como contra oficiales de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El Gobierno devolverá al Ayuntamiento 2,3 millones después de que los bomberos pasasen a depender del Ejecutivo, aunque las pensiones las abonaba el Consistorio.
El guardia civil de La Manada se encontraba hasta ahora en situación de servicio activo encuadrado "a efectos de régimen interior" en la Comandancia de Córdoba.
A día de hoy, presenta sintomatología compatible con el trastorno de estrés postraumático, vergüenza, rabia, tristeza, culpa y terror, hasta el punto de querer suicidarse.
