El Tribunal Administrativo de Navarra reconoce el derecho de los funcionarios de los ayuntamientos de Ansoain, Buñuel, Corella y Cintruénigo a cobrar las horas extras al mismo precio que las ordinarias.
En su intervención de apertura del año judicial, Galve ha señalado que los juzgados y tribunales navarros mantienen la menor tasa de asuntos pendientes de toda España.
Ha sido el Sindicato Médico de Navarra (SMN) quien ha interpuesto recurso contencioso administrativo contra el decreto foral que modifica los estatutos del SNS.
Según el juez, el banco se ha negado en dos ocasiones a realizar la liquidación de la deuda y devolver las cantidades detraídas por los conceptos declarados nulos.
Su abogado sostiene que el auto de prisión "es erróneo" al hablar de reiteración delictiva ya que su cliente no tiene ninguna condena por delitos contra la propiedad.
Los 8 acusados de la agresión en Alsasua fueron condenados a penas que oscilan entre los 2 y 13 años de prisión por delitos de atentado a los agentes de la Autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.
El juez concluye que el mantenimiento y cuidado de los edificios públicos y la evitación de riesgos derivados de su uso no es responsabilidad de la jurisdicción penal.
El Gobierno de Navarra ha solicitado esta mañana la suspensión de la orden de desalojo, por lo que el juez entiende que el Ejecutivo tolera la ocupación.
Ha emitido un decreto en el que afirma que se llevaron a cabo "actuaciones ilícitas" sobre la talla, pero se posiciona a favor de una sanción administrativa y no penal.
Fue detenido este miércoles por el presunto hurto de unas gafas de sol de un centro comercial de Sevilla y por arremeter con su coche contra unos vigilantes de seguridad.
Ángel Boza fue detenido este pasado miércoles por el presunto hurto de unas gafas de sol y por arremeter con su coche contra unos vigilantes de seguridad.
Cuenta con un largo historial delictivo tras ser condenado dos veces por conducir borracho y huir de la policía, y fue juzgado por incumplir una condena.
La formación vuelve a atacar a la Justicia, esta vez después de que el Alto Tribunal anulara la ley foral de víctimas de extrema derecha y funcionarios públicos.
La sentencia considera inconstitucional la Ley foral de "reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos".
Antonio Manuel Guerrero acudió hace unos días a la comisaría de policía de Sevilla para preguntar por la renovación del pasaporte, pese a tener prohibido salir de España.
La Sala de lo Penal del TSJN también ratifica la pena de un año de prisión impuesta por la Sección Primera de la Audiencia Provincial a un segundo procesado por tocamientos.
La resolución cuenta con el voto particular discrepante del presidente de la Sección Segunda de la Audiencia, quien aboga por el encarcelamiento del condenado.
Al parecer, la levantó del suelo y la llevó hasta unos contenedores de basura en las inmediaciones del Museo de Navarra, donde cometió el abuso sexual.
El esposo falleció en diciembre de 2016, y su exmujer, tras el divorció, solicitó la pensión de viudedad en marzo de 2017, que fue desestimada por la Seguridad Social.
El abogado Agustín Martínez Becerra, que defiende a cuatro de los cinco miembros de 'La Manada', ha ofrecido declaraciones tras desestimarse los recursos.
José Francisco Cobo, presidente de la sección segunda de la Audiencia de Navarra, ha vuelto a insistir en que se debería prolongar la prisión provisional.
La denuncia se interpuso cuando la orientadora del instituto de la menor supo que esta relataba a sus amigas "con todo lujo de detalles sus relaciones con su vecino de 21 años".
Una asociación reclama al Ministerio de Interior que cierre las diligencias por los carteles que denunciaban "impunidad" ante la muerte de Germán Rodríguez.
José Javier Oses Carrasco e Iñigo Gulina Tirapu actuaron entre 2004 y 2007 quemando cajeros o atacando con cócteles molotov a sedes de partidos políticos.
Mientras Antonio Manuel Guerrero defiende que solo pidió información, los funcionarios contradicen su versión y las acusaciones reclaman su regreso a prisión.
Un informe del Consejo de Poder Judicial haría responsable de la filtración a la Letrada de la Administración de Justicia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.
