La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha trasladado este viernes "tranquilidad" a aquellas personas que han sido nombradas funcionarias en alguna de las 3.548 plazas de empleo temporal que fueron estabilizadas en el proceso de estabilización desarrollado desde el Ejecutivo y ha defendido la "seguridad jurídica" de las normas aprobadas para la realización de estos procesos de estabilización extraordinarios.
López ha comparecido en comisión parlamentaria, a petición de UPN, y ha manifestado que "el Gobierno de Navarra va a defender la constitucionalidad de las normas de estabilización de empleo público que se han adoptado en los últimos años, personándose en las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas a este respecto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra".
Respecto al cuestionamiento del artículo 5.3, es decir, la adopción de un sistema de concurso de méritos para el acceso al empleo público, ha explicado que "el Gobierno de Navarra entiende que está plenamente justificada la excepcionalidad de este sistema de selección". "Se justifica claramente en el preámbulo de la norma, en el que se explica que el proceso de estabilización del empleo temporal al que da lugar la ley es una medida inmediata y extraordinaria para paliar la situación existente de elevada temporalidad en el empleo público", ha dicho.
En cuanto al artículo 9.1, en el que se determina el baremo para la valoración de los méritos en el concurso de méritos, el Gobierno de Navarra ha defendido que "el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en anteriores ocasiones incidiendo en que es factible que se valore la experiencia sobre los demás criterios, siempre que no sea únicamente en una determinada Administración, como así se fija en el artículo en cuestión de la ley 19/2022".
López ha manifestado que "el Gobierno de Navarra defiende la seguridad jurídica de las normas aprobadas para la realización de estos procesos de estabilización extraordinarios y confía plenamente en que así quedará demostrado en el futuro pronunciamiento del Tribunal Constitucional".
Según ha dicho, "en ningún caso el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad suspende la vigencia y aplicación de los preceptos legales impugnados", por lo que la totalidad de la ley de medidas para la realización de los procesos de estabilización "está plenamente vigente".
La consejera ha indicado que, "por razones de seguridad jurídica, no pueden ser susceptibles de revisión los procedimientos administrativos o judiciales ya finalizados por resoluciones o sentencias firmes en los que los preceptos legales anulados hubieran sido aplicados, salvo que se tratara de procedimientos penales o contencioso-administrativos de carácter sancionador y en los que como consecuencia de la inconstitucionalidad resultara una reducción de la sanción o pena o la exclusión o exención de la responsabilidad". "Este sería el único supuesto en el que cabe la revisión de situaciones jurídicas consolidadas, que quiero aclarar no es nuestro caso", ha afirmado.
López ha comentado que este proceso finalizó de "forma exitosa" el pasado mes de octubre, "adelantándonos más de dos meses al límite marcado para la resolución de todos los procesos selectivos convocados para reducir la temporalidad, fijado en la propia ley para el 31 de diciembre de 2024".
"En el marco de este proceso extraordinario, se convocaron y llevaron a cabo por el Ejecutivo foral 388 procesos selectivos, que han permitido estabilizar un total de 3.548 plazas de empleo temporal", ha precisado, para detallar que "en los procesos selectivos convocados participaron más de 61.000 aspirantes y alrededor de 2.100 personas formaron parte de los distintos tribunales". "En esa línea de reducción de la temporalidad, también se encuadra la aprobación anual de las ofertas de empleo público", ha expuesto.
Ha aseverado que desde el Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, "continuaremos profundizando en la estabilización y consolidación de los empleos públicos en la que venimos trabajando en los últimos años para reducir la temporalidad de la plantilla de la Administración y de la que el proceso extraordinario del que hemos hablado en esta comparecencia es un buen ejemplo".
La parlamentaria de UPN Marta Alvárez ha indicado que el anterior consejero "no hizo nada bien en los cuatro años que estuvo y su inoperancia lo que hace al final es perjudicar a la gente o crear una situación de incertidumbre". "Hay que asumir responsabilidades cuando se tienen, al menos para defender el puesto de trabajo, la plaza de las 3.500 personas que han pasado y que no tienen culpa de esto", ha dicho, para considerar importante que el Ejecutivo "se adelante a lo que pueda suceder" y "adopte medidas, adopte decisiones para prever lo que pueda suceder".
La socialista Inma Jurío ha señalado que "se ha traído aquí para intentar hacer ver que el Gobierno de Navarra funcionó sin tener en cuenta ningún tipo de normativa jurídica y que era el propio Gobierno de Navarra el que iba a perjudicar a los funcionarios". "Esto se hizo por profesionales del Gobierno de Navarra, por los servicios jurídicos del Ejecutivo donde se intentó dotar a una norma de seguridad jurídica", ha dicho, para indicar que "los funcionarios se han estabilizado, están ejerciendo ya su función". "De alguna manera les puede afectar, pero desde luego no van a perder la condición de funcionarios", ha afirmado.
Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha indicado que "yo ya hablé de posibilidad de caos jurídico, y no sé la decisión del Tribunal Constitucional". A su juicio, "el primer mensaje debe ser de tranquilidad" ya que "las personas que hayan optado por este sistema que nos guste más o menos han hecho un recorrido y yo creo que no van a verse afectadas, más allá de que pudiera producirse una situación que me parecería extrema por parte del Tribunal Constitucional de decir se anula todo y hay que volver a poner el contador a cero". "No creo que sea esa la hipótesis" ha comentado.
La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha indicado que "no debemos crear alarma entre los funcionarios que han obtenido ya la plaza". "Cuando tengamos una sentencia del Tribunal Constitucional podríamos entrar a valorar jurídicamente", ha dicho, para incidir en que "ya veremos hasta dónde llega la sentencia si es a favor o en contra".
Por su parte, el representante de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha comentado que "ahora tenemos un debate jurídico que, más allá del interés que pueda tener para la derecha, no sé si tiene mucha utilidad". "Yo creo que la utilidad es la que se ha dado aquí, que es el mensaje de tranquilidad de que todos aquellos procesos que son firmes no se van a ver afectados y por lo tanto las personas que han obtenido la plaza en un procedimiento firme pueden estar tranquilas", ha añadido.
