Avisar de un radar o de un control de tráfico en carretera se ha convertido en una práctica habitual en grupos de WhatsApp y Telegram. Sin embargo, lejos de ser un gesto de solidaridad entre conductores, esta costumbre facilita la impunidad de quienes conducen bajo los efectos del alcohol o las drogas, aumentando el riesgo de accidentes graves.
El 23 de abril de 2022, una familia de Baleares sufrió un trágico accidente en una carretera cercana a Llucmajor. Un conductor ebrio, que triplicaba la tasa de alcohol permitida, chocó contra su vehículo, causando la muerte del padre y dejando a la madre y sus tres hijas gravemente heridas.
Este siniestro, cuyo juicio se celebrará el próximo año, podría haberse evitado si el conductor se hubiera topado con un control de la Guardia Civil, que habría inmovilizado su coche antes de la tragedia, según recoge un reportaje de la DGT.
El aviso de radares y controles ha crecido en los últimos años con la proliferación de redes sociales y aplicaciones de navegación. Aunque herramientas como Waze o Social Drive nacieron con la intención de mejorar la seguridad vial informando sobre el estado del tráfico o condiciones meteorológicas, con el tiempo han pasado a incluir alertas sobre controles de velocidad y alcohol, lo que ha generado preocupación en las autoridades.
Según el teniente coronel Antonio Hidalgo Romero, jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Galicia, esta práctica ha alterado completamente la labor de vigilancia, ya que los agentes han pasado de controlar a ser controlados. La mayoría de los mensajes en estos grupos son avisos de tráfico, lo que permite a los conductores evitar los controles con facilidad.
El problema se ha intensificado con la posibilidad de crear grupos de hasta 1.024 personas en WhatsApp y 200.000 en Telegram, lo que multiplica el alcance de estos avisos. En Galicia, donde la red de carreteras facilita evitar los controles, este fenómeno es especialmente problemático.
Uno de los efectos más alarmantes de esta situación es su impacto en los jóvenes conductores. Hasta 2018, el grupo de edad con más denuncias por consumo de alcohol o drogas al volante era el de 25 a 34 años. Sin embargo, tras la proliferación de estos grupos, esa franja ha pasado a ser una de las menos sancionadas, aunque paradójicamente es la que acumula más muertes en carretera.
Para el teniente coronel Hidalgo, la clave está en que muchos conductores ven estos controles como una simple medida recaudatoria, sin ser conscientes de que su verdadero objetivo es salvar vidas. Los controles de la Guardia Civil no recaudan dinero, recaudan vidas, advierte. La dificultad para detectar y sancionar a quienes avisan de la ubicación de los controles ha llevado a las autoridades a modificar sus estrategias.
Ahora se aplican controles exprés, que en lugar de mantenerse durante horas en un mismo punto, se instalan durante 15 minutos en múltiples ubicaciones. También se han implementado los llamados controles dinámicos, en los que patrullas paran vehículos aleatoriamente mientras circulan, aumentando el factor sorpresa.
Además, la DGT ha lanzado campañas de concienciación, como los cortometrajes "No seas cómplice", "¿Quién lo avisó?" y "¿Sabes a quién ayudas?", para sensibilizar sobre los riesgos de difundir esta información. Desde el punto de vista legal, alertar sobre la ubicación de controles de tráfico no está expresamente prohibido, pero las autoridades trabajan en un cambio normativo.
En mayo de 2024, la Comisión de Seguridad Vial del Congreso aprobó una Proposición no de Ley para sancionar a quienes dificulten la labor de control policial. Actualmente, algunas denuncias se apoyan en el artículo 36.23 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que castiga el uso no autorizado de imágenes o datos de agentes de seguridad cuando pueda comprometer su labor. Sin embargo, se necesita una regulación más específica para frenar estos avisos, que no siempre incluyen imágenes.
El responsable de Normativa de la DGT, Francisco de las Alas-Pumariño, ha explicado que esta modificación debe equilibrar dos derechos: el derecho a la libertad de información y el derecho a la seguridad vial. El segundo debe prevalecer sobre el primero, asegura. Los datos confirman la magnitud del problema.
En la semana del 19 al 25 de agosto de 2024, la DGT realizó una campaña de control en la que 225.946 conductores fueron sometidos a pruebas de alcohol y drogas. De ellos, 3.801 dieron positivo, lo que equivale a 543 infractores al día. Además, el Instituto Nacional de Toxicología reveló que el 53% de los conductores fallecidos en accidente en 2023 dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos.
