El Gobierno de Navarra ha dado a conocer este viernes en la Mesa General de Función Pública la distribución por puestos de trabajo de las 1.974 plazas recogidas en su propuesta de ofertas públicas de empleo (OPE), de reposición y específicas, para 2023.
De estas, 875 plazas corresponden a la Administración Núcleo, 571 a personal docente no universitario y 528 plazas pertenecen a personal sanitario.
Del total de puestos de trabajo destacan, por su número, las 418 plazas de Administrativo, las 333 de Profesor de Enseñanza Secundaria, las 213 de Enfermero, las 136 de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) y las 120 de Maestro.
También se han propuesto, entre otras, 83 plazas de Servicios Generales, 58 de Profesor Especialista en Sectores Singulares de Formación Profesional, 49 de Celador, 47 de Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica), 46 plazas de Agente de la Policía Foral y 30 de Bombero.
El total de 1.974 plazas, según explica en un comunicado, corresponden a la oferta pública de empleo de reposición (873 plazas) y a una oferta pública de empleo específica (1.101 plazas).
Con la primera se cubren las plazas que están vacantes por jubilaciones o fallecimiento del personal funcionario y su cálculo está vinculado a las tasas de reposición que marca el Estado.
Por su parte, la OPE específica está prevista en la Ley General de Presupuestos del Estado, que contempla que cada Administración podrá autorizar, con carácter extraordinario, la tasa que sea necesaria para dar cumplimiento al objetivo de reducción de la temporalidad en el empleo público.
Por ámbitos, las 873 plazas de la OPE de reposición se distribuyen en 323 para la Administración Núcleo, 290 para personal docente no universitario, 260 para personal sanitario.
Del total de estas plazas, 17 están reservadas para mujeres víctimas de violencia de género. Por su parte, las 1.101 plazas correspondientes a la OPE específica se dividen en: 552 en Administración Núcleo, 281 para personal docente no universitario y 268 para personal sanitario.
En la reunión, la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, ha destacado la apuesta estratégica del Gobierno por “fortalecer los servicios para avanzar en la atención a la ciudadanía y profundizar en la estabilidad y consolidación de los empleos públicos”, recordando que uno de los objetivos de legislatura es “reducir la temporalidad” en la Administración.
Las líneas estratégicas para elaborar la propuesta presentada por el departamento, según indica el Ejecutivo, responden a la reducción de la temporalidad, el refuerzo del sistema educativo y sanitario y, en lo que respecta a la Administración Núcleo, el fortalecimiento de los cinco pilares identificados como claves para el desarrollo de una administración moderna y que dé respuesta a las nuevas demandas: Verde, Social, Digital, Administración del siglo XXI y Respuesta a las emergencias.
