La "inviabilidad" económica y gestora del actual Consejo Navarro de la Juventud (CNJ) constatada por la Cámara de Comptos hace necesaria una "reflexión" de los políticos sobre el mantenimiento de este órgano, un escenario en el que los partidos oscilan entre suprimirlo, que lo asuma la Administración o que continúe con más apoyo económico.
Así se ha reflejado en las intervenciones de los portavoces en el Parlamento, donde el presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza del Salvador, ha expuesto el informe de fiscalización del CNJ relativo a los años 2023 y 24, aunque solo se ha podido trabajar con el primero de estos dos años al no existir reflejos contables del segundo.
El informe constata que no se ha llevado a cabo ninguna de las 14 recomendaciones que Comptos hizo un año antes con serias alertas "desfavorables" sobre la situación y que ahora "se han confirmado", como la "muy deficiente gestión", la incorrección contable con ingresos y saldos erróneos, gastos no contabilizados, la pérdida de personal y finalmente el impago a los dos empleados que quedaban en nómina, que judicializaron su situación hasta que el CJN fue condenado.
Con una deuda de al menos 121.000 euros, el descenso "claro" de la actividad en 2024, y ya sin sede, Comptos reitera sus recomendaciones del anterior informe, especialmente la de "analizar la conveniencia de la existencia del Consejo dada su delicada situación y falta de actividad y de control", y si finalmente se decide su continuidad aconseja modificar la configuración legal para definirlo como una entidad corporativa de base privada.
Si continúa con su actual configuración, el órgano fiscalizador insta a buscar fuentes de financiación para saldar sus deudas y a introducir mecanismos de control para su funcionamiento y tutela, una cuestión que la auditora ha echado especialmente en falta porque no aparece en la normativa, si bien ha defendido el "seguimiento exquisito" que el Instituto Navarro de la Juventud ha hecho de las subvenciones otorgadas.
Con todo ello, Cabeza del Salvador ha instado a la Administración pública y a los partidos políticos presentes en el Parlamento a llevar a cabo una reflexión sobre la conveniencia de continuar con la figura del CNJ en su actual configuración y ver si "es adecuada a las necesidades de los jóvenes".
En el turno de los grupos, Ángel Ansa (UPN) ha lamentado la "falta de control y dejación de funciones" que el Gobierno de Navarra ha ejercido sobre el CJN cuando "una entidad bien gestionada tenía utilidad para la juventud", pero ha apuntado su desaparición de facto a que "al Gobierno de Chivite no le gusta la participación real".
Opinión opuesta ha sido la del socialista Kevin Lucero, quien ha acusado a UPN de hacer "piruetas para atacar al Gobierno pese a que este no tiene responsabilidad" en lo ocurrido, al tiempo que ha defendido que la solución puede llegar del marco normativo en el que ya trabaja el Ejecutivo, que es la modificación de la Ley foral de Juventud. Ha apostado por "reformar a fondo" el Consejo, sin eliminarlo ni continuar como hasta ahora.
Desde EH Bildu, Irati Jiménez ha lamentado la "dejadez" que ha derivado en esta situación, de la que ha animado a "aprender" pero también a "asumir responsabilidades" para que no se repita, y a impulsar "un organismo que acoja a toda la juventud navarra" ya que "quizá no estamos acertando con la herramienta".
Itxaso Soto, de Geroa Bai, ha compartido la necesidad de "repensar" la idoneidad o no de la continuidad del CJN, mientras que Maribel García Malo (PP) ha considerado que "ha llegado la hora de cesar la actividad" de este Consejo, a cuya última dirección ha echado un guante tras constatar que cogió sus riendas "en fase terminal" por un problema en parte derivado de la "falta de apoyo del Gobierno".
Daniel López (Contigo-Zurekin) ha reconocido la "pena de una mala gestión", pero lo ha atribuido a personas concretas y no a la juventud navarra.
Por Vox, Emilio Jiménez ha lamentado la "no asunción de responsabilidades" y ha negado que la situación esté abocada a que el CJN desaparezca, tras apuntar a que podría incluirse como organismo de la Administración foral, donde "si algo sobra son consejerías y funcionarios".
