El Gabinete de Comunicación del Gobierno de Navarra remitió en la tarde de este miércoles una nota los medios en la que aseguraba que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra había archivado la denuncia por conflicto de intereses contra el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite.
Como se recordará, el tío de la presidenta está siendo investigado por la Oficina Anticorrupción por el presunto cobro de dinero público de la sociedad pública Nilsa a través de la empresa de la que era administrador único: Lauburu SL, mientras ya ejercía el cargo de consejero.
La Oficina, en una resolución hecha pública en la tarde de ayer, determina que “se puede concluir que el consejero, entre los días 18 de agosto y el 12 de septiembre de 2023, se habría encontrado en una situación de incompatibilidad” y añade que “el corto espacio de tiempo en que el consejero de Cohesión Territorial permaneció en situación de incompatibilidad, la ausencia de daño manifiesto, la rápida respuesta en cuanto fue requerido y las razones por él esgrimidas podrían aconsejar la no incoación del expediente sancionador, pero la persona denunciante y el interés público en velar por el estricto cumplimiento del régimen de incompatibilidades de los cargos públicos exigen una respuesta”.
Como se recordará también, el Gobierno de María Chivite defendió en su momento que Óscar Chivite no había incumplido ningún plazo porque la normativa -según ellos- les daba tres meses para que el consejero cesara en los cargos de empresas privadas. Pero también mintieron ahí y ahora lo reconocen en una nota de prensa en la que la Oficina Anticorrupción sostiene que Óscar Chivite estuvo en situación irregular siendo consejero del Gobierno de Navarra y administrador único de empresas que trabajaban con sociedades públicas, como es Canal de Navarra S.A.
Así las cosas, Chivite no cesó en esas empresas hasta que el parlamentario de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin elevó también a través del Parlamento de Navarra, y firmada por el presidente, Unai Hualde, una denuncia a la misma Oficina Anticorrupción.
De la resolución de esa denuncia se extrae literalmente este párrafo: "Respecto al estado de las actuaciones y si se ha iniciado el expediente sancionador previsto en la ley, adjunto remito la Resolución 2/2024, de 7 de febrero, de la Directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra, por la que se archiva parcialmente la denuncia 18/2023 y se dispone la incoación de un procedimiento sancionador por una presunta infracción de la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra".
Es decir, no se archiva la denuncia, como dice el Gobierno de Navarra, sino que se archiva parcialmente, y que se inicia un expediente sancionador en base a la ley de incompatibilidades que en su artículo 14 dice que se considerará infracción "grave" el incumplimiento de las normas de incompatibilidad.
En cuanto a los motivos del archivo parcial del expediente, Anticorrupción dice que "no se han aportado pruebas que acrediten que se haya producido daño manifiesto a la Administración de la Comunidad Foral", y asegura que desde Anticorrupción no se cursó la solicitud a las empresas Obras Públicas de Navarra S.A. y UTE Aguas de Navarra porque las mismas no figuraban en la denuncia recibida en la Oficina, algo que si ha solicitado con posterioridad el parlamentario Sánchez de Muniáin.
