La exmilitante socialista Leire Díez ha defendido este lunes en la comisión Koldo del Senado que no ha tenido vínculos con dirigentes del PSOE y que su labor se ha centrado en la investigación periodística sobre el mal funcionamiento de las instituciones del Estado.
En sus primeras respuestas a la senadora de UPN María Caballero, Díez ha remarcado que nunca ha ostentado un cargo orgánico en el partido y que su única labor remunerada fue como responsable de redes sociales en Cantabria en 2008, además de ejercer como concejal en Vega de Pas en 2011.
La compareciente, que fue directora de Filatelia en Correos y jefa de comunicación en Enusa, ha explicado que accedió a esos puestos a través de procesos de selección, sin relación con la política, y que fue cesada tras una reorganización interna. Ha lamentado que se la haya vinculado con responsabilidades políticas que asegura no haber tenido.
Díez ha insistido en que sus reuniones con representantes públicos se enmarcan en la investigación que prepara para un libro sobre las “cloacas del Estado”, en la que también incluye casos que afectan a exdirigentes del PP como Ignacio González o Eduardo Zaplana, para dejar claro que no es una defensa del PSOE.
Durante su comparecencia, ha rechazado el calificativo de “fontanera” y ha defendido que como periodista debe proteger sus fuentes. Ha subrayado además que apenas conocía al ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán, ni mantuvo apenas contacto con Koldo García u otros investigados en la trama. “No he estado en La Chalana en mi vida”, ha enfatizado en referencia al restaurante madrileño señalado en la causa judicial.
La exmilitante socialista ha adelantado que pedirá al diario El Mundo una rectificación por relacionarla con la trama investigada. Frente a las preguntas del senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo, ha negado pertenecer a las “cloacas del Estado”, aunque ha asegurado que sí existieron durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Díez ha afirmado que dispone de dos millones de documentos recopilados en su investigación para demostrar la existencia de esas prácticas y ha dejado claro que su objetivo es destapar las irregularidades institucionales.