Se ha desestimado la reclamación contra el Gobierno por los daños y perjuicios sufridos por la nulidad de un concurso de adjudicación de licencias de radio.
Los letrados del SNS han defendido que el paciente sufrió una parada cardíaca súbita e inesperada y aunque la ambulancia hubiera funcionado no se hubiese podido hacer nada.
Dos de los jóvenes serán juzgados por la ocupación del edificio y otro de ellos por agredir brutalmente a un policía que formaba el cordón policial durante el desalojo.
La decisión obligaría a emitir facturas con IVA al beneficiario de asistencia jurídica gratuita por un servicio que el Estado presta a través de los Colegios de Abogados a quienes carecen de recursos para litigar.
Ha pedido “absoluta tranquilidad” porque no supone “ni la paralización ni la reversión de los cambios” emprendidos por el área que dirige Maider Beloki.
"No podemos considerar los graves actos de la madrugada del 25 de octubre como una simple agresión y, mucho menos, como una pelea de bar", señala la Audiencia Nacional.
La juez de guardia en Pamplona tampoco admite a trámite la denuncia de Dignidad y Justicia, y Sindicato Profesional de Policía al considerar que no es su competencia.
Se considera que el acusado es responsable de haber facturado medicamentos sin haberlos distribuido previamente, extrayendo antes de la dispensación el cupón de precinto.
Después de que la AN se declarara "incompetente" para prohibir el acto, Dignidad y Justicia y el Sindicato Profesional de Policías han presentado una nueva denuncia.
Se considera que en el juicio no quedó acreditado que se dedicaran a la captación, transporte, traslado o acogimiento de compatriotas para imponerles trabajo o servicios forzados.
Quedan pendientes de resolver recursos de los acusados, uno de ellos contra la decisión de mantener a tres de ellos en prisión tras haber excarcelado en diciembre a cuatro.
La acusación ha señalado que aunque los indicios apuntan a que el acusado es el autor de los hechos no existen pruebas que despejen todas las incógnitas.
El parlamentario de Geroa Bai, Unai Hualde, ha mostrado su solidaridad con los cargos del Ayuntamiento de Egüés por destapar "toda una historia negra".
Seguirá como investigado en la causa principal, pero podrá ser acusación particular por la supuesta falsificación de su firma en el contrato con Flefield.
