El acuerdo de las transferencias recoge 10 funciones y servicios de la Administración del Estado que se traspasan a la Comunidad foral.
La parte navarra de la Junta de Transferencias ha avalado este martes por unanimidad el acuerdo alcanzado con el Gobierno de España para el traspaso de la competencia de tráfico a partir del 1 de julio, lo que supondrá la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de las carreteras de Navarra.
El acuerdo se ha llevado a cabo gracias al pacto entre Sánchez y Otegi con el visto bueno de María Chivite para que la Guardia Civil desaparezca cuanto antes de Navarra, ya que no se le permitirá seguir trabajando en la Comunidad foral, al margen de quién ostente las competencias.
Según se ha anunciado, la tramitación, resolución y recaudación de las sanciones, corresponderá a la Administración del Estado hasta el 31 de diciembre de 2024 con independencia del cuerpo policial que formule la denuncia. A partir del 1 de enero de 2025, los ingresos por todas las multas de tráfico corresponderán a Navarra.
El encuentro mantenido este martes ha sido un trámite previo a la firma del traspaso a Navarra de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial, que tendrá lugar en las próximas semanas.
La reunión ha contado con la presencia de los dos vicepresidentes del Gobierno foral, Javier Remírez y José María Aierdi, y la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, y otros directores generales. Por parte de las formaciones políticas, han asistido Juan Luis Sánchez de Muniáin (Navarra Suma), Ramón Alzórriz (PSN), Uxue Barkos (Geroa Bai), Adolfo Araiz (EH Bildu), Mikel Buil (Podemos) y Javier Jimeno (I-E).
El acuerdo recoge 10 funciones y servicios de la Administración del Estado que se traspasan a la Comunidad foral: gestión de sanciones, gestión de autoescuelas y centros de reconocimiento de conductores, cursos de reeducación y recuperación de puntos, campañas de educación y formación vial, vigilancia y control de carreteras, pruebas deportivas o autorización de eventos con vehículos históricos.
Para garantizar la "adecuada coordinación y colaboración", se crea, en el seno de la Junta de Seguridad de la Comunidad foral, una comisión específica sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que tendrá composición paritaria y estará presidida por un miembro designado por la Comunidad foral. Esta comisión adoptará sus acuerdos por consenso entre las representaciones de ambas Administraciones.
El acuerdo establece un periodo de implementación "progresiva" y un régimen transitorio. Así, el despliegue de los agentes de Policía Foral para la vigilancia y control del tráfico se irá produciendo "de manera progresiva" en el plazo máximo de cuatro años. Tras ese periodo, Policía Foral pasará a asumir las labores de vigilancia y control de carreteras "en exclusiva de forma definitiva en la misma situación que actualmente disponen País Vasco y Cataluña".
El Gobierno de Navarra ha previsto la necesidad de incorporar al servicio 149 nuevos efectivos de Policía Foral que se sumarán a los 227 con los que cuenta en la actualidad el área de Tráfico y Seguridad Vial.
En aplicación de lo dispuesto en la Ley Foral de Policías de Navarra de 2018, y una vez firmada la transferencia, se activará la pasarela para el acceso voluntario de miembros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en Navarra a la Policía Foral en la Junta de Seguridad donde se determinarán sus condiciones definitivas.
Se regirá por los criterios establecidos en el artículo 7 del Real Decreto de la transferencia de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad foral, que señala que al personal que se integre se le respetará la suma de las retribuciones básicas y complementarias que venía percibiendo. Asimismo, se aplicará lo recogido por en la Ley Foral de Presupuestos de Navarra de 2023, que establece que si se percibiera importe superior se le asignará un complemento compensatorio absorbible.
Una vez determinado el número de agentes de Guardia Civil de tráfico que pasen a formar parte de Policía Foral, a través de la pasarela se establecerá un calendario para incorporar a través de Oferta Pública de Empleo de manera progresiva el resto de efectivos necesarios hasta alcanzar los 149 policías forales previstos. Una vez alcanzado ese número, y antes de 4 años, Policía Foral asumirá en exclusiva las funciones de vigilancia y control del tráfico de las vías navarras.
Hasta ese momento, la Guardia Civil "continuará ejerciendo funciones de vigilancia y control del tráfico en coordinación de ambos cuerpos manteniendo el actual sistema de convivencia". Los miembros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en Navarra que no pasen a la Policía Foral serán recolocados en otros servicios de la Guardia Civil en Navarra o bien serán destinados, si así lo solicitan, a otras unidades de tráfico de la Guardia Civil de otras CCAA. Queda "garantizado" así que "ningún Guardia Civil saldrá de manera no voluntaria como consecuencia de la implementación de la transferencia".
Se distinguen dos grupos de funciones y servicios a prestar por Navarra: la vigilancia y control del tráfico correspondiente a Policía Foral, que se financiará a través del módulo por policía, y el resto de funciones relativas a la gestión del tráfico y seguridad vial, que se financiará por la recaudación de las tasas y sanciones de tráfico tramitadas en Navarra.
El promedio de ingresos por sanciones tramitadas en Navarra desde el año 2015 hasta el año 2022 ha sido de unos 11,4 millones de euros, ampliado a una media de 11,9 millones si se descuenta el año 2020, "un ejercicio extraordinario" por las limitaciones de movilidad con motivo de la pandemia. El coste estimado por el Gobierno de Navarra para ejercer el desarrollo de los servicios y funciones a asumir es de aproximadamente 15 millones.
En cuanto a la parte policial, la valoración del coste de las competencias ejercidas por Navarra se realiza aplicando un módulo de coste unitario al número de policías efectivos a 31 de diciembre que incluye los gastos de personal, gastos corrientes y gastos de inversión necesarios.
Para el periodo 2020-2024, el módulo de coste por policía se obtiene multiplicando el módulo del año base 2020 (56.515,02 euros), por el índice de actualización previsto en el artículo 60 del Convenio. En el momento en que se produzca la incorporación del 50% de los 149 agentes previstos se revisará el modulo a aplicar.
Durante el régimen transitorio el importe por la recaudación de las sanciones -ingresado hasta el 2025 por el Estado y a partir de entonces por Navarra- se destinará a cubrir los costes de las funciones desempeñadas por el Estado y los costes de las funciones asumidas por Navarra. Satisfechos los costes de ambas administraciones, si hubiera remanente, hasta 2025 éste se revertirá en un 75% al Estado y un 25% a Navarra; y a partir de 2025, y hasta el final del periodo transitorio, el remanente será un 75% para Navarra y un 25% para el Estado.
Durante el periodo transitorio, la distribución de dichos ingresos se llevará a cabo en la Comisión específica donde cada Administración remitirá trimestralmente una certificación con los gastos reales en que haya incurrido. Tras finalizar el periodo transitorio, el ingreso por la recaudación de todas las sanciones será para Navarra.
Además de los efectivos de Guardia Civil que se integren en Policía Foral a través de la pasarela, se traspasa a Navarra dos personas junto con las plazas que ocupan, además de una plaza vacante.
En cuanto a recursos materiales, se traspasan 7 vehículos, 8 radares, 1 estación de toma de datos y 1 panel de cruce inteligente, y 33 etilómetros digitales y 2 cinemómetros.
