Antonio Manuel Guerrero ha remitido un escrito en el que solicita la comparecencia en la vista de los funcionarios que le atendieron por el caso de su pasaporte.
La Audiencia de Navarra ha fijado para el 5 de julio la comparecencia para decidir si ha incumplido o no las medidas cautelares de libertad provisional.
Martínez Becerra asegura que a sus cuatro representados no le afecta la actuación del guardia civil con su pasaporte, a pesar de no poder salir de España.
Los cinco condenados han celebrado su puesta en libertad en una nave industrial, conscientes de que son personas 'non gratas' en muchos establecimientos.
Se encuentran en Sevilla desde el pasado sábado, después de que abandonaran un día antes los centros penitenciarios en los que se encontraban recluidos.
Ha recordado que cuando hay una sentencia condenatoria en primera instancia y otra por delitos graves, "lo normal es que se prorrogue la prisión hasta la mitad de la pena impuesta".
En sus argumentos, el magistrado considera que el análisis de todo ello "no permite conjurar eficazmente el riesgo de que los procesados se sustraigan a la acción de la justicia".
El Tribunal que juzgó el caso los saca ahora de la cárcel tras la pena de 9 años a la espera de la decisión de los recursos por parte la Audiencia de Navarra.
Iñaki Abad es uno de los 7 condenados que está en prisión antes de que se pronuncie el Tribunal Supremo y la sentencia sea firme por el "riesgo de fuga".
El próximo 7 de julio vence el plazo máximo de dos años para la prisión provisional, por lo que debe celebrarse una vista para decidir si se prorroga el encarcelamiento.
Aunque cuando ocurrió ETA había cesado su actividad, la Fiscalía remarca que aún "persiste una herencia de décadas de terror" que se puede calificar de "terrorismo de baja intensidad".
Han cuestionado que en la sentencia se aplique el agravante de odio, ya que la "protección" a la Guardia Civil estaría prevista en un delito de atentado a la autoridad.
La próxima semana se reúnen todos los abogados, las acusaciones populares y la fiscalía para decidir si se concede libertad provisional a la espera de sentencia firme.
Carmen Arnedo sucede en el cargo a Víctor Cubero, fallecido el pasado 20 de febrero, que presidió la Sala de lo Social desde el 23 de mayo de 1989 hasta el 24 de enero de 2018.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal condenó a los 8 acusados a penas que oscilan entre los 2 y 13 años de prisión por delitos de atentado a los agentes de la Autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.
