Comptos adivirtió que podrían revestir los caracteres de los delitos prevaricación administrativa, fraude en la obtención de subvenciones y falsedad documental.
La víctima cayó bajo el vehículo pasándole las ruedas derechas del vehículo sobre el cuerpo y golpeándole con los bajos en diferentes partes del cuerpo.
En el auto, la juez ratifica la medida al considerar que existe riesgo de reiteración delictiva por parte de los detenidos investigados por delito de terrorismo.
La polémica se ha desatado este jueves a raíz de una información nacional en la que se decía que el Gobierno de Barkos no quería entregar las cuentas al Tribunal de Cuentas.
El acusado, para el que se ha decretado prisión, reconoció estar en condiciones de ejecutar a una persona cortándole la cabeza si la consideraba "infiel".
Durante el año 2016 los juzgados y tribunales navarros recibieron 59.729 asuntos, lo que supone una disminución del 38,8 % respecto al año anterior y resolvieron 60.902 (-38,8 %).
También consideran muy conveniente activar fórmulas de apertura y transparencia que permitan a la ciudadanía conocer el funcionamiento de la actividad judicial.
En la resolución, que puede ser recurrida, la juez considera que la presidenta de la empresa junto con el administrador de European Credit idearon "una estrategia".
Su portavoz ha presentado a los presos como víctimas y ha destacado que "no podemos permitir que la venganza, con la cárcel tomada como castigo, sustituya a los acuerdos".
Los cuatro jóvenes del caso de Pozoblanco, en prisión provisional tras los hechos de Pamplona junto al quinto joven, se acogieron a su derecho a no declarar.
El líder de Ciudadanos en Navarra ha afirmado no entender el archivo de las diligencias contra la presidenta y ha denunciado el "entramado" de todos los grupos del Ayuntamiento de Pamplona.
A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ha Jordi Pujol Ferrusola ya se le había retirado en 2016 el pasaporte y se le impusieron comparecencias periódicas.
La magistrada investiga un presunto delito de prevaricación administrativa, malversación y falsificación de documentos en la gestión pública del valle.
La AN concluye que los acusados no participaron en un acto homenaje sino que se trató de un acto colectivo de reivindicación del fin de la dispersión de presos etarras.
