La Audiencia de Navarra lo ha condenado a 14 años de prisión y ha reprochado la actitud de la progenitora, que llegó a amenazar a la pequeña con internarla en un psiquiátrico.
Los considera autores de un un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en concurso con un delito de determinación coactiva a la prostitución, así como de un delito de favorecimiento de la inmigración clandestina.
En el juicio, celebrado el pasado 1 de octubre, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular solicitaron 3 años de prisión para el procesado.
Mari Paz Benito, Marta Arnedo, Margarita Pérez-Salazar y Aaron Andueza fueron elegidos para integrar la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Navarra.
La Audiencia Nacional ha ordenado su puesta en libertad provisional y con medidas cautelares al no tener pruebas para relacionarle con el intento de asesinato del vecino de Pamplona Enrique Muñoz Berrio.
La víctima de los presuntos abusos sexuales de Pozoblanco ha ratificado la denuncia de los hechos mientras que todos los testigos han recordado vagamente lo ocurrido.
El Tribunal Superior afirma que "no puede predicarse la falta de motivación de las plazas con perfil de euskera" en los tres decretos forales impugnados.
En el auto, que es firme, la magistrada recoge las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal contra los 23 procesados, 22 de nacionalidad rumana y un español.
El sindicato va a presentar un recurso para exigir la absolución y, subsidiariamente, el cambio de la calificación de los hechos de delito a falta administrativa.
Galve ha comparecido en comisión de Política Migratoria y Justicia en el Parlamento de Navarra para exponer los resultados de la Memoria del TSJN del año 2018.
Según el juez, en un corto espacio de tiempo y en la misma zona, el inculpado ha protagonizado, indiciariamente, diversos comportamientos “de naturaleza sexual” sobre mujeres.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rechazado anular todas las plazas ofertadas en euskera en la plantilla orgánica de la Administración del 2017.
El acusado se encuentra en prisión desde el mes de abril de 2019, cuando fue detenido por la Policía Municipal tras dos noches de fuegos intencionados.
La defensa alegó ausencia de prueba de cargo, al entender que la declaración de la denunciante "carecía de verosimilitud, credibilidad y persistencia".
El juzgado ha desestimado la denuncia contra Fermín Alonso (NA+) que le criticó por participar en un acto en el que se blanqueaba a los terroristas de ETA.
Los tribunales rechazan todos los argumentos del Ayuntamiento de Pamplona, le condenan a pagar las costas y dejan claro que Bildu incumplió los requisitos en el nombramiento.
El juez considera que las acusaciones no han aportado fotografías o informes de vigilancia que acrediten la presencia habitual en el inmueble de los encausados.
La presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, Esther Erice ha afirmado que “hay que actuar con mucha rapidez” ya que “si el tiempo no es breve perdemos la prueba”.
Los magistrados rechazan los recursos presentados por la defensa y la fiscalía, que abogaban por el archivo de la causa abierta por un delito contra la integridad moral.
La presidenta del Gobierno foral, que ha prometido devolver este dinero, quería usar las sentencias que esperaba que fueran favorables como argumento jurídico.
El vicepresidente del Gobierno foral ha reconocido que las resoluciones judiciales pueden general "inseguridad jurídica" a varios funcionarios sin plaza consolidada.
El tribunal considera que ha existido prueba bastante y válida de las agresiones y lesiones físicas y psicológicas causadas a las víctimas para condenar por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.
El TSJN ha emitido una nueva sentencia reiterando la misma posición que emitió el pasado martes y deja a Chivite ante la decisión de seguir a los nacionalistas y recurrirlas o acatarlas.
La formación de Marisa de Simón ha preguntado al Gobierno foral cómo afectará la sentencia a los procesos selectivos para el acceso a puestos de trabajo en la Administración.
La renovación de Francisco Javier Isasi, único letrado que se presentó al cargo, se ha llevado a cabo tras haber recibido la propuesta favorable del Gobierno de Navarra.
El jurado declaró culpables de la muerte de Wilson Alejandro Yanza a su pareja, quien diseñó el plan, y dos sobrinos de esta, que ejecutaron los actos.
En la sentencia, contra la que solo cabe recurso de casación, se estima parcialmente el recurso interpuesto por el sindicato UGT y el Sindicato del Personal Administrativo.
