La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra no apreció ni violencia ni intimidación en los hechos que tuvieron lugar en los Sanfermines de 2016.
El TSJN confirma que los protocolos establecidos para estos casos de violencia sí se cumplieron y pide garantizar los derechos de víctima e investigados.
La decisión llega varios días después de que se conocieran los graves hechos ocurridos en la calle Jarauta y con declaraciones contradictorias del equipo del alcalde de Bildu.
El magistrado asegura que la oferta de una visita por el recorrido del delito sexual perpetrado en los Sanfermines de 2016 constituye un “trato vejatorio” para la víctima.
Raúl Maiza ha comparecido como investigado por un delito de desobediencia y otro de prevaricación por permitir la ikurriña en un edificio público a pesar de dos condenas anteriores.
Los servicios jurídicos de la compañía explicaron a la Cámara navarra la "imposibilidad material" del presidente para acudir a la sesión al encontrarse en Bruselas.
Una juzgado ha admitido a trámite una denuncia contra Raúl Maiza por permitir que se colocara la enseña vasca y otras sobre presos de ETA a pesar de sentencias anteriores.
El jugador había acusado a la entidad deportiva de falsificar su firma para mantener un contrato, algo que la Audiencia de Navarra ya había descartado inicialmente.
Los políticos critican la confirmación de las penas a los agresores de los guardias civiles y cuestionan a la Comisión Europea si intervendrá ante la Audiencia Nacional.
La empresa, un salón de juego ubicado en la calle Juan Antonio Fernández de la capital ribera, recurrió la última sanción en vía contencioso-administrativa.
La querella, dicen las peñas en un comunicado, busca depurar responsabilidades entre las fuerzas policiales y políticas de la época, juzgarlos y condenarlos.
En el auto, que es recurrible, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN desestima el recurso presentado por tres parlamentarios de Podemos-Ahal Dugu.
Se trata de una unidad integrada por un equipo multidisciplinar cuyo cometido se circunscribe a la valoración de las situaciones de violencia de género.
Colectivos en favor de los presos etarras habían organizado una concentración para el próximo 6 de marzo que reconocía al miembro del comando Nafarroa, Xabier Rey Urmeneta (‘Antxo’).
Martínez Becerra ha recurrido la condena en el Supremo alegando también que la declaración de la víctima "no pasa los filtros exigidos" por el nuevo critero jurisprudencial.
Javier Sagardoy Lana será trasladado a la cárcel de Pamplona, cumple una condena de seis años por asociación ilícita y cumplió las tres cuartas partes en octubre de 2017.
El objetivo es realizar acciones tendentes a que las personas con discapacidad intelectual o con dificultades de comprensión puedan conocer el contenido de las que les afecten.
Todo apunta a un posible veredicto condenatorio por homicidio contra el acusado, aunque no será hasta este jueves cuando se conozca la postura definitiva.
Se impone así la tesis de la Fiscalía, que pedía 8 años de prisión para el acusado por terminar con la vida de Daniel de la Fuente, pamplonés de 22 años.
El hombre aseguró que su mujer se había caído en el baño, pero ante la sospecha de un crimen machista el juzgado le envió a la cárcel por riesgo de fuga.
Un grupo de funcionarios reclamó ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra la jubilación anticipada ante la falta de respuesta del Gobierno foral.
El Tribunal Superior apremia al Ayuntamiento a ejecutar la sentencia contra la contratación de cuatro técnicos, entre ellos el exalcalde de Barañáin por NaBai y candidato de Bildu.
En el auto, contra el que no cabe recurso, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona señala que la vista oral comenzará con la declaración como testigos de seis policías forales.
La madre de Dayan Murillo, que fue asesinado en 2012, ha iniciado una campaña de firmas ante los permisos penitenciarios del autor de la muerte y también vecino de la localidad.
La procesada negó que estuviera utilizando el móvil cuando se produjo el atropello, si bien alegó que no recordaba si en ese momento estaba bebiendo un refresco.
Dos magistrados frente a uno, que ha emitido un voto particular, consideran que no hay razones suficientes para modificar la libertad provisional de los condenados.
Se señala asimismo que en el caso de que el consistorio suscribiera mejores condiciones expropiatorias con otros afectados se aplicarían igualmente al propietario firmante.
David Pla será juzgado junto a Iratxe Sorzábal por su vinculación con ETA. Ambos aparecieron en el vídeo en el que la banda anunció el abandono definitivo de la violencia.
El TAN ha señalado que "también se ha producido la vulneración del principio de neutralidad y objetividad que debe regir la actividad de las Administraciones Públicas".
