- domingo, 11 de mayo de 2025
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No deja de ser curioso que hable de estado autoritario uno de los grandes “autorizados” de este país. No deja de extrañar que alguien que siempre gozó del respeto y admiración de toda una nación y alrededores eche por tierra toda su capacidad intelectual y empática con una enorme pléyade de seguidores por la genuflexión que exige la ideología de la mediocridad.
La respuesta a la pregunta con la que se titula este comentario no puede ser unívoca. Es, más bien, equívoca. Si atendemos al Centro de Estudios de Opinión, que depende más o menos de la Generalitat catalana, el independentismo pierde fuelle, y los no secesionistas ganan a los que sí lo son por un 48'5 por ciento frente al 44'3 por ciento.
A estas alturas de la película pocas dudas hay sobre el hecho de que el desafío soberanista y el cambio de nombre de CDC forman parte del montaje ideado por Artur Mas y compañía para ocultar las vergüenzas de su partido, el de Pujol, el de Prenafeta, el de Homs, el de Puigdemont, el de Osácar, el de Millet.
Lo sabemos casi todo de las estrategias de Madrid contra el independentismo catalán: por encima de la mesa, se apela a la Constitución, se echa mano del Tribunal Constitucional y se reduce el debate político a un asunto de legalidad, mientras que por debajo de la mesa se juega a ver qué da de sí la llamada policía política y se buscan las contradicciones entre los adversarios, que básicamente son Junts pel Sí y las CUP.
En septiembre de 2014, el ex honorable ex president de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, dijo, en su comparecencia en el Parlament, sobre el acto de destapar viejas corrupciones: "Si se va segando una parte de la rama, al final cae toda la rama y los nidos que hay en ella, y después caen todas las demás ramas".
Me despido, mientras redacto estas líneas, de Israel, donde he pasado unos días de sobrecarga informativa; colegas, catedráticos y políticos me han explicado lo que va ocurriendo en el Estado más peculiar del mundo y uno, hasta donde se le alcanza, ha tenido que diseccionar algunas de las cosas que ocurren en España, que, en cuanto a complejidades, tampoco es un país que se quede atrás, precisamente.
La cuestión del soberanismo catalán se sitúa en estos momentos entre la torpeza del Gobierno español, su deseo de salir del laberinto, el empecinamiento de los secesionistas y esa voluntad del Rey Felipe VI de ayudar al encuentro de una o unas fórmulas mediante las que el conflicto entre en una etapa clara de solución no traumática.
Las últimas y comprometedoras pruebas sobre la trama de corrupción de la antigua Convergencia Democrática de Catalunya han cerrado el cerco sobre el partido de Artur Mas, demostrando que esa forma de financiación irregular ha sido una constante desde hace muchos años, en los que CiU ha gobernado con holgara la comunidad autónoma de Cataluña.
A falta de novedades en la tormentosa relación entre Moncloa y los valedores del independentismo, nos enredamos en un debate gaseoso sobre si hubo o no hubo encuentro cara a cara entre el presidente del Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy, y el de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Carles Puigdemont, si hubo o no voluntad de mantenerlo en secreto, si la iniciativa fue del uno o del otro y, en su caso, quien lo filtró.
La definición que el diccionario ideológico de la lengua española de la Real Academia otorga al término aquelarre: "conciliábulo de hechiceras", sirve para describir bastante bien lo que ha sucedido en la mañana del lunes 6 de febrero con motivo de la declaración ante los tribunales de justicia del ex-Presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros dos miembros de su Gobierno, Joana Ortega e Irene Rigau, por la convocatoria ilegal por parte de la Generalitat del referéndum que se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2014.
Acaso demasiados años de observación desde la barrera de los acontecimientos políticos me han convencido de un hecho que considero irrefutable: las personas son lo más importante, mucho más que las propias organizaciones y, desde luego, que las regulaciones, para el desarrollo de las instituciones y, en definitiva, para el buen gobierno de los ciudadanos.
En el último sondeo sobre las audiencias de Radio, en España, aparece un dato que me ha llamado la atención, y es que ha disminuido el número de oyentes en la franja de las primeras horas de la mañana, es decir, en aquellos programas que básicamente se dedican a hablar de política, a dialogar con los políticos, y a comentar lo que han dicho los políticos.
No por esperado deja de ser sorprendente que, en este país, los nacionalistas catalanes cada vez que se enfrentan a la Justicia porque vulneran la ley conviertan el hecho en un "numerito" de agitación, en una arenga de consumo interno para abundar en un víctimismo que ya no cuela.