La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción remite al Parlamento un informe que detecta incumplimientos “flagrantes” en el expediente de 2018 y fallos esenciales en el de 2022, ambos en Ripagaina, promovidos por Nasuvinsa.
El Gobierno foral recuerda que las viviendas se adjudicarán entre las personas inscritas en el Censo de solicitantes, de acuerdo con el baremo que tiene en cuenta la necesidad de vivienda.
UPN ha exigido al Gobierno explicaciones sobre la anulación de la adjudicación de las 32 viviendas protegidas en el edificio de Maristas en Pamplona que ya estaban asignadas e incluidas en la lista definitiva.
El vicepresidente José María Aierdi ha afirmado que el plan foral de alquiler impulsado en 2017 está ejecutado o en construcción prácticamente al 100%.
La empresa Señorío de Montecierzo SL las ha cecido para su gestión como vivienda pública de alquiler e incrementar así la oferta de vivienda asequible en la capital ribera.
El Ejecutivo foral contempla, al menos, 6.724 viviendas protegidas, casi 1.800 más de las previstas inicialmente. De ellas, un total de 3.125 serían VPO y otras 3.599 VPT.
La totalidad de las 524 viviendas promovidas por la sociedad pública Nasuvinsa estarán finalizadas entre 2022 y 2023 para su entrega a las familias inquilinas.
Estas nuevas viviendas se suman a las 42 que se entregaron en 2019 en Mutilva (Aranguren) y a las 62 que se adjudicarán a principio del próximo año en Ripagaina (Valle de Egüés).
El nuevo proyecto para esa parcela incluye una plaza abierta de uso público, un espacio cedido para centro socio-cultural o Civivox, una zona comercial y un aparcamiento subterráneo.
Del total de viviendas sorteadas, 24 son VPO en arrendamiento y 38 son viviendas de precio tasado en propiedad con subvenciones por el 6, 4 o 2% del precio total.
Está previsto que el listado provisional de personas adjudicatarias resultante de la aplicación del baremo y de las promociones elegidas se conozca el 22 de marzo.
Los futuros compradores podrán percibir subvenciones por el 12, 10 o 6% del precio de adquisición de las viviendas en función de sus ingresos familiares ponderados.
