La juez envía a prisión al acusado de apuñalar a un compañero de 16 años en un centro de Pamplona este pasado martes por un delito de intento de homicidio.
El condenado realizó tocamientos sexuales sin consentimiento durante las sesiones y deberá indemnizar con 39.000 euros a las cinco mujeres que denunciaron los hechos.
El investigado ha reconocido que asestó la puñalada, aunque sostiene que actuó en legítima defensa, y llegó a huir de los agentes antes de ser detenido.
La acusación reclama 11 años por agresión sexual, tres por maltrato habitual y otros cuatro por acceder a la base de datos policiales para obtener información.
La Audiencia ha sustituido la pena de prisión por la expulsión de España del condenado, natural de Marruecos, con prohibición de regresar durante diez años.
El Ministerio Fiscal pide 4 años de prisión y sostiene que el acusado había abierto una cuenta haciéndose pasar por apoderado de una empresa con la que no tenía relación.
La procesada ha reconocido ante el juez que utilizó la invalidez real de su marido para inventar tramas ficticias. Llegó a quitarle más de 350.000 euros a un solo espectador manipulando sus sentimientos religiosos.
El acusado es natural de Guinea-Conakri, se encontraba en situación irregular en España y si es condenado se pedirá su expulsión de España de forma inmediata.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rechazado el recurso de la defensa y ha confirmado íntegramente la sentencia dictada por la Audiencia Provincial.
La causa ha llegado desde Ejea de los Caballeros, cuyo juez envió el 10 de septiembre a prisión al supuesto autor de la muerte de su compañero de piso.
Los agentes se incautaron de 542 gramos de cocaína, casi 256 gramos puros de anfetamina, 5.350 euros, una báscula de precisión y anotaciones manuscritas.
La Sala de lo Social considera proporcionada la sanción después de que el empleado viajara a Ecuador fuera del periodo autorizado y no acreditara el permiso alegado.
El tribunal reduce de once a siete años la pena por agresión sexual en grado de tentativa, pero mantiene otro año de cárcel por quebrantamiento de condena.
La inadmisión del recurso del Gobierno foral mantiene el criterio que reconoce los trienios generados durante la etapa laboral anterior a la funcionarización.
La Fiscalía acusa al administrador de una inmobiliaria de apropiarse del dinero entregado por una pareja para reservar la que iba a ser su vivienda habitual.
El tribunal rechaza los recursos de los dos agentes y avala también las inhabilitaciones y las indemnizaciones impuestas por los hechos ocurridos en febrero de 2025.
El sospechoso compartía domicilio con la víctima en el barrio de la Milagrosa de Pamplona y ha ingresado en la cárcel de Zuera por riesgo de fuga y destrucción de pruebas.
La Audiencia Nacional ha acordado su puesta en libertad tras casi dos años en prisión preventiva, al carecer de antecedentes y después de reconocer los delitos.
La víctima, que precisa de la asistencia continua de terceras personas por sus problemas de movilidad, rechazó las pretensiones del encausado antes de sufrir los tocamientos.
La Fiscalía reclama ocho años y medio de prisión para el acusado, detenido en 2024, que también se habría interesado por la fabricación de cócteles molotov.
La magistrada ha acordado el sobreseimiento provisional después de que el informe forense haya concluido que el acusado carece de capacidad procesal suficiente para afrontar un juicio con garantías.
El tribunal ha apreciado una atenuante de trastorno mental, aunque el condenado deberá indemnizar a las víctimas y podrá cumplir un máximo efectivo de siete años y medio.
La magistrada aprecia riesgo de fuga y peligrosidad por la violencia, la reiteración de los ataques en pocos días y la falta de arraigo del investigado.
Los hechos ocurrieron en la tarde del 6 de julio, día del Chupinazo de San Fermín, y fueron sus propios compañeros los que tuvieron que actuar ante la gravedad de los hechos.
El acusado se negó a identificarse, opuso una intensa resistencia y lesionó a los agentes durante su detención en la madrugada del 29 de junio de 2024.
El condenado, de 72 años, no podrá acercarse a 300 metros de la víctima durante seis años y deberá indemnizarla con 600 euros por el daño moral causado.
Leticia de la Hoz ha declarado como investigada ante Santiago Pedraz y ha atribuido la acusación a una venganza por una operación de hidrocarburos frustrada.
Con solo 33 años, la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la ciudad del Cidacos promociona en su carrera y ratifica su continuidad al frente del órgano judicial.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial que condenó al docente por tocamientos en el interior del colegio, respaldando el testimonio de la víctima y las pruebas periciales. (32 palabras)
El Ejecutivo foral ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo las tres sentencias, que aprecian responsabilidad patrimonial por no evitar daños durante las protestas.
El texto destaca la existencia de elementos que sustentan la versión de la víctima, entre ellos unos mensajes enviados por el inculpado en los que la amenazaba para que no contara lo ocurrido.
El Consejo General del Poder Judicial concede de forma pionera una licencia de 17 semanas a la magistrada María Boedo ante un vacío legal "incomprensible" en el Estatuto del Empleado Público que dejaba desprotegidos a los menores más vulnerables.
El informe del Consejo General del Poder Judicial recoge una subida de los concursos, mientras bajan ejecuciones hipotecarias, desahucios, monitorios, despidos y reclamaciones de cantidad.
La Fiscalía ha pedido abrir diligencias por un posible delito de desobediencia después de que el presidente de Acciona no acudiera a dos citaciones parlamentarias.
La hija intentaba liberar espacio para usar una plataforma de videojuegos cuando localizó los archivos y ahora el hombre se enfrenta a un proceso judicial.
La Sala del TSJN descarta abrir proceso penal contra Ramón Alzórriz al considerar que los hechos sobre vivienda se basaban en meras sospechas sin pruebas objetivas.
Más de un centenar de estudiantes han participado en representaciones teatrales de juicios de menores y en la observación de delitos en el Tribunal de Instancia de Pamplona.
La Fiscalía había solicitado prisión sin fianza, pero el tribunal valora los embargos y restricciones que reducen el riesgo de fuga y la destrucción de pruebas
El expresidente del CD Tudelano y su madre deberán comparecer periódicamente ante el juzgado, mientras la Policía Nacional bloquea bienes y realiza registros en Corella y otros puntos.
