El escrito de acusación señala que el procesado ignoró los ruegos de la víctima y solicita una indemnización de más de 15.000 euros por las lesiones físicas y los daños morales
El fallo judicial considera probado que el operario inhaló polvo tóxico en el taller hasta 1999 y abre la vía para que la familia exija nuevas indemnizaciones por daños y perjuicios a la empresa.
El acusado, de nacionalidad española, utilizaba presuntamente su antigua profesión para amenazar de muerte a su expareja y a las dos hijas menores de edad.
El acusado, que se encuentra en situación administrativa irregular en España, se aproximó a un banco de la citada plaza donde la víctima estaba sentada junto a sus amigas.
La jueza de Violencia sobre la Mujer ha decretado el ingreso en prisión provisional para el detenido, al que también se atribuyen robo con violencia y lesiones.
La acusación detalla cómo los procesados permitieron que la menor pernoctara con el agresor en un hotel mientras la madre ocupaba la habitación contigua
La sentencia reconoce el derecho a mantener el permiso retribuido cuando exista reposo domiciliario prescrito y la persona enferma siga de baja médica.
La defensa del exasesor ha cuestionado la acusación de organización criminal y ha sostenido que no existe rastro objetivo de los supuestos pagos mensuales.
La investigación se centra en la posible relación entre la adjudicación de obras en Sendaviva y la reforma de la vivienda de Alzórriz, que habría sido ejecutada por la misma empresa constructora.
Los hechos ocurrieron en una localidad de la Ribera de Navarra tras captar a la víctima en una plaza pública y trasladarla en coche hasta un domicilio particular.
La Fiscalía sostiene que el acusado ejerció durante años una situación de control, miedo y violencia sobre su pareja, para la que pide una indemnización de 5.000 euros.
El exasesor de José Luis Ábalos ha defendido que el dinero en efectivo procedía de reembolsos, guardias civiles y turistas alojados en sus apartamentos.
El hombre intentó entablar conversación con la mujer utilizando una aplicación de traducción en su teléfono móvil y luego la abordó en los baños del local.
La Audiencia de Navarra ha dictado sentencia tras un acuerdo entre fiscalía y defensa que también ha afectado a otros dos implicados en la distribución de estupefacientes.
El ataque se produjo mientras la empleada realizaba labores de mantenimiento y solo se detuvo cuando las luces automáticas alertaron de la llegada de otro preso
Los encausados se enfrentan a penas de hasta cinco años de cárcel por distribuir sustancias que causan grave daño a la salud en la Comarca de Pamplona.
El tribunal ha avalado la decisión previa de la Audiencia de Navarra al entender que no existían pruebas objetivas suficientes para condenar al acusado.
La acusación describe una estructura coordinada entre cuatro hombres que operaban en Tafalla, Pamplona y el sur de Navarra con distintas sustancias estupefacientes.
El tribunal mantiene que hubo alevosía en el ataque en plena calle, pero corrige la valoración de la alteración psíquica del acusado por consumo de tóxicos.
La Audiencia de Navarra le impone 4 años de prisión por realizar tocamientos a la menor en un almacén tras convencerla para que le ayudara durante el recreo.
El Ministerio Público acusa al procesado de captar imágenes íntimas de la víctima desde que era menor y difundirlas posteriormente sin su consentimiento.
La citación judicial llega después de que el presidente de Acciona faltara a dos convocatorias de la comisión que investiga adjudicaciones y obras públicas del Gobierno de Navarra.
La Audiencia de Navarra acoge este martes un juicio contra un ciudadano de nacionalidad búlgara que desempeñaba funciones de seguridad privada en un centro de menores.
Además de ella, está citado el ex director general de Carreteras Javier Herrero y dos socios de Aldama, todos ellos investigados en la Audiencia Nacional.
La resolución del Tribunal Administrativo de Navarra anula los pagos a varios miembros del concejo y el PP de Artica reclama dimisiones y la devolución del dinero.
La sentencia incluye 16 años de orden de alejamiento, 9 años de libertad vigilada y una indemnización de 25.000 euros a la víctima por el daño moral sufrido en los Sanfermines de 2023.
La denuncia presentada por UPN por la exhibición de fotografías de miembros de ETA en la Chantrea de Pamplona ha derivado en una investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
