El acusado, de nacionalidad española y con varias condenas anteriores por lesiones, regresó armado dos minutos después de una discusión, según la Fiscalía.
Dos magistrados consideran que no se ha demostrado la intención sexual del contacto, mientras un tercero defiende mantener la condena por agresión sexual.
La Audiencia de Navarra también ha considerado probado que el acusado ejercía un control constante sobre la joven, cuya declaración ha sido respaldada por varios testigos.
El investigado, de origen nicaragüense, ha negado la agresión sexual, pero el juez destaca las lesiones documentadas en el hospital y el riesgo de fuga.
El juicio comienza este miércoles en Pamplona y la Fiscalía reclama también 50.000 euros de indemnización para la víctima y la expulsión del acusado de España.
El Tribunal ha rechazado por dos veces que el estudiante pase provisionalmente de curso y deberá decidir ahora si revisa dos de sus tres asignaturas suspendidas.
La Fiscalía pide tres años de prisión para cada uno y atribuye a los acusados préstamos no recuperados, gastos sin factura y apuntes sin servicios que los respaldasen.
La Fiscalía sostiene que el acusado, que contactó a través de Instagram, conocía la verdadera edad de la adolescente y le dijo que él tenía 19 años, aunque tenía 30.
La juez envía a prisión al acusado de apuñalar a un compañero de 16 años en un centro de Pamplona este pasado martes por un delito de intento de homicidio.
La acusación reclama 11 años por agresión sexual, tres por maltrato habitual y otros cuatro por acceder a la base de datos policiales para obtener información.
El Ministerio Fiscal pide 4 años de prisión y sostiene que el acusado había abierto una cuenta haciéndose pasar por apoderado de una empresa con la que no tenía relación.
El acusado es natural de Guinea-Conakri, se encontraba en situación irregular en España y si es condenado se pedirá su expulsión de España de forma inmediata.
La causa ha llegado desde Ejea de los Caballeros, cuyo juez envió el 10 de septiembre a prisión al supuesto autor de la muerte de su compañero de piso.
El auto que aprecia indicios de prevaricación y malversación en el alcalde Gorka García recoge contrataciones temporales sin publicidad, mérito ni capacidad y un aparcamiento ejecutado sin proyecto y mediante contratos menores
La Fiscalía acusa al administrador de una inmobiliaria de apropiarse del dinero entregado por una pareja para reservar la que iba a ser su vivienda habitual.
El tribunal rechaza los recursos de los dos agentes y avala también las inhabilitaciones y las indemnizaciones impuestas por los hechos ocurridos en febrero de 2025.
El sospechoso compartía domicilio con la víctima en el barrio de la Milagrosa de Pamplona y ha ingresado en la cárcel de Zuera por riesgo de fuga y destrucción de pruebas.
La víctima, que precisa de la asistencia continua de terceras personas por sus problemas de movilidad, rechazó las pretensiones del encausado antes de sufrir los tocamientos.
La magistrada ha acordado el sobreseimiento provisional después de que el informe forense haya concluido que el acusado carece de capacidad procesal suficiente para afrontar un juicio con garantías.
Las patrullas actuaban bajo orden urgente de la central operativa para impedir un delito, pero el Grupo de Tráfico instruyó diligencias penales contra los agentes, que terminaron citados ante el juez.
El tribunal ha apreciado una atenuante de trastorno mental, aunque el condenado deberá indemnizar a las víctimas y podrá cumplir un máximo efectivo de siete años y medio.
El acusado se negó a identificarse, opuso una intensa resistencia y lesionó a los agentes durante su detención en la madrugada del 29 de junio de 2024.
El condenado, de 72 años, no podrá acercarse a 300 metros de la víctima durante seis años y deberá indemnizarla con 600 euros por el daño moral causado.
Los dos detenidos por la Policía Foral en el Casco Antiguo de Pamplona, que portaban terminales de alta gama valorados en miles de euros, han ingresado en la cárcel por orden de la titular del juzgado de guardia.
Con solo 33 años, la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la ciudad del Cidacos promociona en su carrera y ratifica su continuidad al frente del órgano judicial.
La asociación había sido sancionada por la Diputación Foral de Álava con 9.000 euros y tres años sin poder organizar actividades de tiempo libre infantil y juvenil
El texto destaca la existencia de elementos que sustentan la versión de la víctima, entre ellos unos mensajes enviados por el inculpado en los que la amenazaba para que no contara lo ocurrido.
El Consejo General del Poder Judicial concede de forma pionera una licencia de 17 semanas a la magistrada María Boedo ante un vacío legal "incomprensible" en el Estatuto del Empleado Público que dejaba desprotegidos a los menores más vulnerables.
La hija intentaba liberar espacio para usar una plataforma de videojuegos cuando localizó los archivos y ahora el hombre se enfrenta a un proceso judicial.
El TSJN rechaza la petición del Gobierno de Navarra de dar carpetazo exprés al litigio y da la razón al alcalde Alejandro Toquero , quien celebra el mantenimiento de la ofensiva judicial frente a un proyecto "plagado de chapuzas".
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pamplona tumba el criterio del Fogasa, que había rechazado los abonos porque los afectados encontraron otro empleo rápido tras el despido colectivo.
El Tribunal Supremo inadmite el recurso de casación del alcalde de Pamplona, declara firme la sentencia a favor de la formación política y le condena al pago de las costas procesales.
El escrito de acusación señala que el procesado ignoró los ruegos de la víctima y solicita una indemnización de más de 15.000 euros por las lesiones físicas y los daños morales
El fallo judicial considera probado que el operario inhaló polvo tóxico en el taller hasta 1999 y abre la vía para que la familia exija nuevas indemnizaciones por daños y perjuicios a la empresa.
UPN denuncia que el Gobierno foral ha sido condenado varias veces por negar información al Parlamento y que las costas salen del bolsillo de los contribuyentes.
El acusado, de nacionalidad española, utilizaba presuntamente su antigua profesión para amenazar de muerte a su expareja y a las dos hijas menores de edad.
El acusado, que se encuentra en situación administrativa irregular en España, se aproximó a un banco de la citada plaza donde la víctima estaba sentada junto a sus amigas.
