El escrito de acusación señala que el procesado ignoró los ruegos de la víctima y solicita una indemnización de más de 15.000 euros por las lesiones físicas y los daños morales
El fallo judicial considera probado que el operario inhaló polvo tóxico en el taller hasta 1999 y abre la vía para que la familia exija nuevas indemnizaciones por daños y perjuicios a la empresa.
UPN denuncia que el Gobierno foral ha sido condenado varias veces por negar información al Parlamento y que las costas salen del bolsillo de los contribuyentes.
El acusado, de nacionalidad española, utilizaba presuntamente su antigua profesión para amenazar de muerte a su expareja y a las dos hijas menores de edad.
El acusado, que se encuentra en situación administrativa irregular en España, se aproximó a un banco de la citada plaza donde la víctima estaba sentada junto a sus amigas.
La Fiscalía sostiene que el acusado ejerció durante años una situación de control, miedo y violencia sobre su pareja, para la que pide una indemnización de 5.000 euros.
El hombre intentó entablar conversación con la mujer utilizando una aplicación de traducción en su teléfono móvil y luego la abordó en los baños del local.
El ataque se produjo mientras la empleada realizaba labores de mantenimiento y solo se detuvo cuando las luces automáticas alertaron de la llegada de otro preso
El tribunal ha avalado la decisión previa de la Audiencia de Navarra al entender que no existían pruebas objetivas suficientes para condenar al acusado.
La acusación describe una estructura coordinada entre cuatro hombres que operaban en Tafalla, Pamplona y el sur de Navarra con distintas sustancias estupefacientes.
La Audiencia de Navarra le impone 4 años de prisión por realizar tocamientos a la menor en un almacén tras convencerla para que le ayudara durante el recreo.
El Ministerio Público acusa al procesado de captar imágenes íntimas de la víctima desde que era menor y difundirlas posteriormente sin su consentimiento.
Además de ella, está citado el ex director general de Carreteras Javier Herrero y dos socios de Aldama, todos ellos investigados en la Audiencia Nacional.
La Audiencia de Navarra dicta sentencia tras un acuerdo entre las partes. El agresor, que indemnizará a la víctima con 10.000 euros, abusó del joven de 17 años cuando este no tenía capacidad de reacción.
Los órganos judiciales navarros contabilizaron más denuncias y víctimas durante 2025, mientras la comunidad se situó entre las regiones con peores datos del país.
La Sala de lo Social archiva el expediente a una abogada que incluyó ocho citas inventadas, pero deja una advertencia clara sobre el uso irresponsable de la IA.
La resolución judicial sostiene que la adolescente fue obligada a contraer matrimonio y localizada después pidiendo limosna en dos localidades de Lérida.
El jurista navarro ha sido distinguido en Madrid con uno de los principales reconocimientos del ámbito jurídico por su trayectoria en la Administración.
La sentencia mantiene los hechos probados sobre los 150 accesos indebidos a historiales de tres mujeres, pero reduce prisión, multa e inhabilitación profesional.
Un informe de la IGAE remitido al juez Ismael Moreno cuestiona modificaciones de contratos públicos antes del inicio de varias obras y vuelve a situar a Acciona en el centro del foco.
El Sindicato Médico de Navarra ha reclamado más seguridad, tolerancia cero y una respuesta judicial más rápida ante el aumento de la violencia en la sanidad navarra.
El club ha anunciado que actuará contra cualquier conducta violenta, pero también ha decidido acudir a la vía judicial para defender a sus socios y pedir el acceso a imágenes clave.
Las sentencias han estimado recursos presentados por el presidente del Gobierno contra normas relacionadas con la contratación pública y bomberos forestales.
la víctima intentó no contar los hechos hasta que no pudo aguantar más y despertó a su madre a altas horas de la madrugada con un ataque de ansiedad y llorando.
La coalición ha pedido al Ministerio del Interior que actúe tras la sentencia firme del TEDH por deficiencias e irregularidades en una investigación policial en Pamplona.
El Supremo ha enviado a la Audiencia Nacional la investigación por presuntos amaños de obra pública del “caso Cerdán”, tras la renuncia de Ábalos y la pérdida del aforamiento.
El Ejecutivo afirma que los expedientes de cuatro adjudicaciones de obras en Sendaviva no están en su poder y pide reclamarlos a la empresa pública NICDO.
Silvia Almagro, Ainhoa Pérez, Laura Villada y Luis Martínez representarán a la Universidad Pública de Navarra en una competición con más de 60 equipos.
En la querella figuran como querellados el exsecretario de Organización del PSN y exportavoz parlamentario, Ramón Alzórriz y el consejero de Economía y Hacienda y José Luis Arasti.
La Fiscalía ha imputado como investigado al responsable territorial Óscar Téllez tras un informe del Servicio contra el Racismo. Vox Navarra ha denunciado un “chiringuito” y ha negado notificaciones.
