Un juez de Pamplona ha planteado al Gobierno modificar el artículo que obliga a inhabilitar a los profesores condenados por abuso sexual por hechos al margen de la actividad laboral.
La empresa reclamaba al Ejecutivo foral 9,1 millones de euros a consecuencia de la reducción del tráfico que circuló por esa vía entre los meses de marzo y diciembre de 2020.
La resolución de la juez señala que el investigado, que alega ser consumidor de droga, "no habla castellano ni muestra más arraigo que la ayuda social que recibe".
María Chivite dio orden taxativa de impedir esta tradición de Navarra y prohibió que el Ángel de Aralar pudiera acceder al edificio, como ha ocurrido siempre.
Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de octubre de 2021, cuando el agente de Tudela se encontraba en Zaragoza con motivo de las fiestas de la Virgen del Pilar.
Obligó a su pareja a borrarse la cuenta de Facebook e Instagram, le prohibió amistades, la agredió en cuatro ocasiones y la chantajeaba constantemente.
Este criterio es contrario al mantenido por su homóloga del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, que el pasado enero revocó una resolución del Tribunal Administrativo de Navarra.
En el transcurso de la charla, las chicas les contaron que habían nacido en 2008 y que estudiaban 2º de ESO en un instituto de un pueblo cercano a la capital navarra.
Tras sus palabras el casos ha quedado visto para sentencia con la petición por parte de la fiscalía de 14,5 años de prisión y 864.000 euros de indemnización.
Los magistrados consideran que la pena “resulta igualmente susceptible de imposición con arreglo a la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual”.
