La Sala de lo Civil y Penal ha avalado la sentencia de la Audiencia y ha destacado lesiones compatibles, mensajes inmediatos y un informe psicológico coherente, además de la reacción posterior del condenado.
El juez Leopoldo Puente ha impuesto medidas cautelares a dos exdirectivos de Acciona y ve indicios de cohecho y posible organización criminal en la relación con Servinabar, la empresa navarra vinculada a Santos Cerdán.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha nombrado a la magistrada tudelana, única candidata a la plaza, para ocupar la presidencia que dejó vacante José Julián Huarte tras su designación para el TSJN.
El ex secretario de Organización del PSOE ha acudido al juzgado a primera hora de la mañana, entrando sin declaraciones mientras mantiene vigente la obligación impuesta por el Supremo.
El magistrado Leopoldo Puente ordena el ingreso en prisión de ambos al considerar insuficientes las medidas cautelares previas y temer que se sustraigan a la justicia.
El alto tribunal ha denegado que el exdirigente socialista pueda firmar en el juzgado de paz de su localidad y le requiere designar un juzgado de instrucción para cumplir la medida cautelar.
La sentencia refuerza la autonomía organizativa y pedagógica de los centros privados concertados y cuestiona la intervención administrativa en la autoevaluación.
Las condenas se han dictado por conformidad tras los acuerdos entre fiscalía y defensas en dos procedimientos independientes por tráfico de anfetaminas en Tudela y Tierra Estella.
El Tribunal Supremo ha considerado que los insultos vertidos hacia una pareja gay en un restaurante atentaron contra su dignidad y fueron discriminatorios.
La Audiencia rebajó la pena por embriaguez y reparación del daño, impuso también 10 años de alejamiento, libertad vigilada y 20.000 euros de indemnización.
El acusado, vecino de una localidad riojana, fue detenido con 49,97 gramos de cocaína y seguirá en libertad si continúa su tratamiento de rehabilitación.
La joven, de 14 años, aseguró ante el juez que vivía en Lleida por decisión propia y con el consentimiento de sus padres, lo que ha llevado al archivo provisional de la causa.
La exdirigente del aparato militar de ETA reconoce ante la Audiencia Nacional haber dado la orden del atentado con coche bomba que mató al concejal de UPN.
Estrasburgo ha declarado inadmisible la demanda de Otegi y otros miembros de la izquierda abertzale y respalda la interpretación del Tribunal Constitucional.
Muchas de estas agresiones ocurrieron en el hogar familiar y en presencia de los hijos. La mujer, sin embargo, renunció a reclamar indemnización por responsabilidad civil.
El Tribunal Superior de Navarra respalda la sentencia de la Audiencia Provincial que condenó a un hombre por agredir y desfigurar la cara de otro en la antigua ikastola Jaso.
La magistrada de Madrid considera que el ex número tres del PSOE pudo faltar “sustancialmente a la verdad” en su testimonio ante la comisión del Senado.
El exsecretario de Organización del PSOE argumenta que no existen pruebas que justifiquen su prisión y reclama igualdad de trato tras la libertad de Ábalos y Koldo.
Los magistrados recalcan que “la falta de conciencia plena y la vulnerabilidad de la víctima durante los hechos impiden considerar que existiera un consentimiento libre”
Varios propietarios de coches Peugeot y Citroën afectados por el fallo del AdBlue recuperan entre 800 y 1.800 euros tras una sentencia impulsada por Irache.
El tribunal ratifica la pena impuesta al acusado, que aprovechó el estado de embriaguez de su excompañera de trabajo para realizarle tocamientos sexuales sin su consentimiento.
El Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona mantiene abierta la causa contra ocho personas por los incidentes violentos ocurridos en la procesión de 2022.
Jaime Goyena ha entregado la Memoria de la Fiscalía de Navarra a Unai Hualde y ha advertido del incremento de delitos sexuales en menores y de violencia de género en adultos.
La Sala de lo Civil y Penal valida la sentencia de la Audiencia tras concluir que la credibilidad de la víctima está corroborada por informes forenses y psicológicos.
El acusado, que ha reconocido los hechos y se ha mostrado conforme con la pena solicitada, ha declarado por videoconferencia al encontrarse indispuesto.
En la resolución, el magistrado deja claro que el análisis de los dispositivos incautados podría dar lugar "a la necesidad de practicar nuevas diligencias de investigación".
